La investigación por presuntas estafas financieras en Tucumán suma un nuevo capítulo con el caso Sunday SRL, la más reciente de una serie de causas que, en conjunto, habrían provocado un perjuicio superior a $ 4.570 millones. En los últimos cuatro años, al menos cinco estructuras similares captaron dinero de decenas de ahorristas bajo promesas de rentabilidad extraordinaria, recurriendo a esquemas de inversión que hoy la Justicia investiga como posibles maniobras piramidales o de intermediación financiera ilegal.
Según los fiscales intervinientes, todas las firmas investigadas compartían una misma lógica: ofrecían altas tasas de interés —entre el doble y el triple de las del mercado— durante plazos cortos, generalmente de tres a seis meses, y se valían de relaciones personales para ganar la confianza de los inversores. En la práctica, utilizaban el dinero de nuevos aportantes para pagar intereses a los anteriores, hasta que la cadena se rompía y las víctimas quedaban sin recuperar ni los beneficios ni su capital.
El abogado Tomás Álvarez, representante de los denunciantes del caso Sunday, señaló que estas empresas “crean la apariencia de un patrimonio inexistente”, utilizando fondos de una inversión para cubrir deudas previas. En tanto, Camilo Atim, defensor de más de treinta ahorristas, destacó que la crisis económica y la búsqueda desesperada por preservar ahorros frente a la inflación hacen que los inversores se vuelvan más vulnerables a estos engaños.
El letrado José María Molina, que representa a víctimas de otro de los casos, sostuvo que “las pérdidas fueron totales, con personas que invirtieron los ahorros de toda su vida o el dinero obtenido de la venta de propiedades familiares”. Valoró, además, que la política criminal del Ministerio Público Fiscal haya comenzado a perseguir este tipo de delitos con mayor rigor, algo que —dijo— “rara vez ocurría antes”.
Los investigadores explicaron que las causas permanecen en la órbita provincial mientras se trate de simples estafas, pero pasan al fuero federal cuando se detectan indicios de lavado de activos o asociación ilícita. Se trata de expedientes complejos, que requieren peritajes contables y tecnológicos, además de la colaboración de organismos especializados.
El abogado Alfredo Aydar, patrocinante de víctimas de los casos Intensive Live y Peck Capital, advirtió que las mayores dificultades surgen cuando las pesquisas apuntan a delitos financieros más amplios: “No hay recursos humanos ni tecnológicos suficientes, y tampoco se recurre con frecuencia a organismos nacionales de apoyo, como la PROCELAC”.
Tanto los letrados como el fiscal Diego López Ávila coincidieron en que los ahorristas deben tomar precauciones antes de invertir: comparar tasas con las de entidades oficiales, verificar la autorización legal de las empresas ante Personas Jurídicas, Rentas o el Banco Central, y desconfiar de rendimientos “imposibles” que superen los límites establecidos por la ley.
Las cinco causas que marcaron el mapa judicial financiero de Tucumán son las siguientes:
1. Intensive Live (2021)
La firma, con fachada internacional y supuestas sedes en América Latina, ofrecía participación accionaria en un servicio de transporte “premium” con rendimientos del 20% mensual. El abogado Alfredo Aydar calcula pérdidas cercanas a $2.900 millones. Sus responsables, Agustín Carlos Ajimastro y Esteban Adolfo Monroy, fueron denunciados por estafa, asociación ilícita y lavado de activos.
2. Adhemar Capital (2022)
Creada por Edgard Bacchiani en Catamarca, se expandió a varias provincias, incluida Tucumán, bajo un modelo de inversión en criptomonedas. La Justicia Federal lo procesó tras su cesación de pagos en 2022. Solo los damnificados tucumanos reclaman $490 millones, aunque la cifra total sería mucho mayor.
3. Soramus (2022)
Activa entre 2021 y 2024, la empresa prometía retornos inmediatos y llegó a cometer al menos 39 estafas comprobadas, según la investigación. Los acusados Sebastián González y Natalia Cervantes habrían generado pérdidas por más de $1.033 millones mediante cheques y pagarés sin fondos.
4. Peck Capital (2024)
El procurador Daniel Altamarino está acusado de captar inversiones a través de una aplicación que ofrecía participación en fondos australianos, operaciones bursátiles y compra de terrenos. El caso, bajo competencia federal, involucra un perjuicio estimado en $50 millones.
5. Sunday SRL (2025)
El más reciente escándalo, liderado por los hermanos Andrea Luciana y Diego Ariel Guanuco, junto a José María Salazar, su pareja, habría afectado a unas 40 personas con un daño económico superior a $ 626 millones. La empresa ofrecía intereses altos por préstamos en efectivo y comenzó a incumplir los pagos en marzo. El fiscal López Ávila investiga si también operaba como una financiera informal que otorgaba créditos fuera del sistema legal.
Con estos antecedentes, los investigadores advierten que Tucumán se ha convertido en un foco de estafas financieras reiteradas, alimentadas por la crisis económica y la falta de controles efectivos. Las causas, aún en distintas etapas judiciales, configuran un fenómeno de alcance provincial que combina ambición, confianza traicionada y sofisticación en el fraude.