El Congreso de Perú, dominado por la oposición, tiene previsto votar este miércoles una moción de destitución del presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral permanente», una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
La larga sesión del parlamento está programada para las 15 (las 17 en Argentina) «con el fin de debatir y votar el pedido de vacancia de la Presidencia de la República», según lo aprobado por 73 congresistas hace una semana.
Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que no dispone la oposición.
De los 130 legisladores que conforman el poderoso Parlamento unicameral de Perú, los opositores suman unos 80. Las bancadas oficialistas y grupos afines bordean los 50.
La tercera en 16 meses
La «moción de vacancia» es la tercera contra Castillo en 16 meses en el poder y obedece a acusaciones de corrupción. En marzo, no alcanzó los votos para removerlo y en diciembre de 2021, el Congreso la desestimó antes de debatirla.
«Proponemos la vacancia de la Presidencia de la República, ocupada por José Pedro Castillo Terrones por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral», dice la moción que apela al artículo 113 de la Constitución de Perú.
El prestigio del Congreso
El pedido surge cuando el prestigio del Congreso está por el piso por escándalos de corrupción y una desaprobación de 86% en los sondeos.
El presidente registra un rechazo de 70%, además de denuncias de cohecho a su entorno político y familiar.
Cómo es la sesión
Castillo, un maestro rural de 53 años, ha sido invitado junto con su abogado, y dispone de 60 minutos para defenderse en esta evaluación política más que jurídica.
El debate empieza con participación de los líderes de las bancadas y después con la intervención de los demás legisladores. Se prevé que dure horas.
«Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de los pueblos (…) para sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó», advirtió ayer Castillo.
Castillo: «No soy corrupto»
«No he robado nunca a mi patria, no soy corrupto», reiteró en un pronunciamiento al filo de la medianoche del martes.
Si es destituido lo reemplazará su vicepresidenta Dina Boluarte, aunque si ella renuncia corresponderá al presidente del Congreso, José Williams, asumir el cargo.
La pertinaz pugna entre el Ejecutivo y Legislativo se atizó este año por una investigación fiscal contra el mandatario por dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
Por ello, la fiscalía ha pedido «suspender» (inhabilitar) a Castillo, un pedido que aún evalúa el Congreso dado que no existen precedentes.
Desde que Castillo asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganar una apretada segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, ha vivido bajo el asedio del Congreso y la fiscalía.
En octubre pidió a la OEA una mediación, denunciando «un golpe de Estado en marcha».
Desde 2017, por el Congreso de Perú han pasado seis mociones de vacancia.
Pedidos similares provocaron la caída de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, de derecha, en 2018, y Martín Vizcarra, de centro, en 2020.
La oposición acusa a Castillo, que debe gobernar hasta julio de 2026, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno.
Cinco gabinetes y 80 ministros
Además le critican sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros, algo inédito en Perú.
Una de las razones por las que se volvió recurrente el mecanismo de vacancia es la falta de mayoría parlamentaria del gobierno de turno.
Ello ocurre desde 2016, cuando Perú ingresó a una dinámica de confrontación que lo llevó a tener hasta tres presidentes en una semana en noviembre 2020.
Una misión de la OEA visitó Perú a mediados de noviembre y emitió un informe solicitando «una tregua política de 100 días».
Su pedido cayó en saco roto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya había advertido en diciembre de 2021 por cómo se ha desvirtuado, «por falta de definición objetiva, la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú».
Pese a la tensión política, Perú se encuentra en calma y todas las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad.