La controversia institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por los límites a la reelección de sus autoridades sumó un nuevo capítulo judicial. Dos docentes de la Escuela de Enfermería presentaron una denuncia ante la Fiscalía Federal para que se investigue la legalidad de la asunción de Liliana Tefaha como decana de la Facultad de Medicina, al considerar que su acceso al cargo podría vulnerar las restricciones establecidas por el Estatuto universitario respecto de los mandatos consecutivos.
La presentación fue realizada por Angelina Liezun y Fátima Cevila ante el fiscal federal Agustín Chit. En el escrito sostienen que Tefaha fue proclamada y asumió el pasado 18 de mayo como máxima autoridad de la Facultad de Medicina en presunta contradicción con las disposiciones estatutarias vigentes.
Las denunciantes fundamentan su planteo en el artículo 17 del Estatuto de la UNT, norma que establece que las autoridades ejecutivas universitarias pueden ser reelegidas o sucederse recíprocamente una sola vez, debiendo mediar posteriormente un período de interrupción antes de aspirar nuevamente a esos cargos.
Según la denuncia, existe un hecho que consideran indiscutible: Tefaha se desempeñó durante dos períodos consecutivos como vicedecana de Medicina entre 2018 y 2022 y luego entre 2022 y 2026. Posteriormente fue electa para ejercer el decanato durante el período 2026-2030.
Para las docentes, esta situación podría constituir una re-reelección prohibida por la normativa universitaria y afectar principios republicanos vinculados con la alternancia en el ejercicio de funciones de gobierno.
El planteo adquiere relevancia en el marco de la reciente resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en la causa promovida por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala contra la UNT.
En ese expediente, los camaristas Fernando Poviña, Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Patricia Moltini resolvieron suspender la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo como rector, al entender que existían fundamentos suficientes para interpretar que el Estatuto limita la permanencia en cargos ejecutivos más allá de dos períodos consecutivos.
Las denunciantes consideran que ese antecedente judicial resulta aplicable al caso de Medicina, ya que la Cámara Federal destacó la importancia institucional de la alternancia y la periodicidad de los mandatos como principios esenciales del sistema republicano.
En ese sentido, sostienen que dichos principios alcanzan por igual a todas las autoridades ejecutivas unipersonales de la Universidad, tanto rectores como decanos, por compartir idéntico fundamento jurídico y normativo.
La denuncia también dirige cuestionamientos hacia la Junta Electoral de la UNT. Según Liezun y Cevila, ese organismo tenía la responsabilidad de controlar la legalidad del proceso electoral y, pese a ello, habilitó la candidatura de Tefaha y posteriormente convalidó su asunción.
Las docentes recordaron que previamente habían presentado una impugnación administrativa ante la propia Junta Electoral, pero señalaron que el planteo fue rechazado mediante la resolución 6060/2026.
Además, la presentación incorpora observaciones sobre la actuación del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. Las denunciantes afirman que ese cuerpo intervino en el proceso de elección indirecta y proclamó a Tefaha como decana pese a conocer la controversia generada por la interpretación de las limitaciones estatutarias.
También apuntan directamente a la autoridad electa, argumentando que asumió el cargo en un contexto de debate jurídico abierto sobre la validez de los mandatos consecutivos, especialmente después de la medida cautelar dictada en la causa vinculada al rectorado.
Desde la óptica penal, las presentantes sostienen que las autoridades universitarias poseen la condición de funcionarios públicos y que una eventual vulneración de las normas estatutarias podría encuadrarse en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por ese motivo solicitaron expresamente la intervención del fiscal federal Agustín Chit para determinar si corresponde impulsar una investigación penal sobre los hechos denunciados.
El planteo se produce en un momento especialmente delicado para la vida institucional de la Universidad Nacional de Tucumán. Mientras la casa de estudios busca revertir la medida cautelar que impidió la candidatura de Sergio Pagani y continúan tramitándose distintos recursos vinculados al proceso electoral del rectorado, comenzaron a multiplicarse las impugnaciones sobre otras autoridades electas.
La Facultad de Psicología ya había quedado envuelta en una controversia similar y ahora Medicina se incorpora a una disputa que trasciende una elección puntual y que tiene como eje central la interpretación de los límites a la reelección dentro de la UNT.
En el tramo final de la denuncia, Liezun y Cevila solicitaron que se adopten las medidas necesarias para resguardar la seguridad jurídica e institucional de la Facultad de Medicina y remarcaron que el cumplimiento de las normas universitarias constituye una obligación ética y legal ineludible para una institución académica que debe ser ejemplo de respeto a sus propias reglas.
Fuente: Contexto