Una acusación por presuntas transferencias de dinero al fiscal Enrique Rojas aparece como uno de los puntos más sensibles de la trama que involucra al ex legislador Luis Brodersen, su hijo Leonel y Victoria Parodi. Según un informe de El Avispero, Parodi “difundió capturas con las que sostuvo que Luis Brodersen habría realizado transferencias por cerca de veinte millones de pesos al fiscal Enrique Rojas” y “afirmó que el dinero habría sido entregado para influir sobre distintas causas judiciales”. Se trata de acusaciones reproducidas por el informe y no de hechos que el material permita considerar judicialmente acreditados.
El informe también señala que Parodi apuntó contra Paula Cortés, identificada en el material como abogada integrante del CAM y pareja del fiscal Rojas, y le atribuyó “un audio en el que supuestamente habla de contactos dentro de la Fiscalía y de la posibilidad de negociar una reparación integral o tareas comunitarias para evitar antecedentes”. Estas acusaciones surgieron después de que, en junio, “Victoria Parodi había denunciado a Leonel Brodersen, padre de su hija, por violencia de género”.
La historia tuvo un nuevo capítulo en septiembre. “Una denuncia familiar, acusaciones de amenazas y extorsión, allanamientos y una causa que avanzó a gran velocidad durante septiembre”, describe El Avispero. El 2 de septiembre, Luis Brodersen denunció a su hijo Leonel y a su nuera Victoria Parodi, a quienes acusó de amenazarlo para obligarlo a entregar las llaves de un departamento de su propiedad.
Entre los elementos presentados apareció un mensaje que, según la denuncia, advertía: “¿Me das las llaves del Departamento de Concepción hoy mismo o las consecuencias van a ser irreversibles?”. Brodersen también aportó capturas de publicaciones de Instagram atribuidas a su nuera y solicitó el secuestro de dispositivos digitales. “Solo dos días después, el 4 de septiembre, el fiscal Nicolás Salas pidió los primeros allanamientos para localizar a los denunciados y secuestrar celulares, computadoras y otros dispositivos”, reconstruye el informe.
La investigación continuó con nuevas presentaciones, un supuesto chat secreto de Telegram atribuido a Leonel Brodersen y un pedido de prohibición de acercamiento y comunicación. El fiscal Salas también solicitó acceder al contenido de un iPhone y una notebook secuestrados, pero “la jueza Soledad Hernández rechazó la extracción de datos porque consideró que el secuestro no se había realizado conforme al protocolo establecido en la autorización judicial”. El 11 de septiembre, tras nuevas constataciones, la magistrada autorizó otro allanamiento.
De esta manera, las acusaciones por las supuestas transferencias millonarias quedaron insertas en una disputa judicial mucho más amplia. Como concluye el informe de El Avispero, “lo que comenzó como una denuncia de un padre contra su hijo y su nuera, termina exponiendo una trama de denuncias cruzadas que ahora también pone bajo la lupa a acusaciones que involucran a integrantes del ámbito judicial”.
Fuente: Enterate Noticias