La diputada nacional del Frente de Todos Natalia Souto presentó un proyecto de ley que busca garantizar y preservar la ayuda estatal para trabajadores de la economía popular que desarrollen tareas de cuidado comunitario.
La iniciativa impulsada por la referente de Somos Barrios de Pie contempla el establecimiento de un «Salario Básico para Trabajadoras/es del Cuidado Comunitario como una contraprestación monetaria, mensual y de alcance nacional equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil para las/os trabajadoras/es de la economía popular que presenten servicios en los Centros de Trabajo Comunitario relevados en el Registro Nacional de Centros de Cuidado Comunitario».
Los beneficiarios también tendrán derecho a percibir anualmente una suerte de doble aguinaldo, ya que recibirán «el equivalente a dos Salario Mínimo, Vital y Móvil en concepto de gratificación para el goce de vacaciones».
Los requisitos para acceder a esta prestación de «salario básico» es que el sujeto «no posea trabajo registrado» (ni en relación de dependencia ni como monotributista), que «no perciba prestación por desempleo» ni «jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales o municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
En el articulado del proyecto, se define como finalidad de la ley «reconocer el valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado comunitario como sostén de la vida del conjunto de la sociedad constituyéndose como apoyo fundamental de los sectores socioeconómicamente vulnerados de la sociedad».
«El trabajo de cuidado comunitario posibilita el funcionamiento de la sociedad, produce valor, organiza la vida comunitaria y contribuye a achicar la brecha de acceso a los servicios de cuidados para fortalecer una perspectiva de vida más justa e igualitaria», se agrega.
En tanto, se define el trabajo de cuidado comunitario como «aquellas tareas y prácticas realizadas de manera permanente y no esporádicas, por personas y/o instituciones insertas en sus comunidades, destinadas al cuidado de la vida, que apuntan a garantizar colectivamente la subsistencia, el bienestar, y el desarrollo de las mismas, e implican procesos de transformación comunes».
La iniciativa crea el Observatorio Nacional del Trabajo de Cuidado Comunitario, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y «tendrá como finalidad el estudio cuantitativo y cualitativo del estado de situación de las acciones y de los espacios de cuidado comunitario así como de la situación que atraviesan las trabajadoras de cuidado comunitarias a nivel nacional, provincial y municipal a fin de servir de insumo para la elaboración de políticas públicas tendientes al reconocimiento integral del trabajo de cuidado y su organización de tipo comunitaria».
En el artículo 10 se dispone la creación del «Registro Nacional de Centros de Cuidado Comunitario dentro de la órbita del Observatorio Nacional del Trabajo de Cuidado Comunitario».
Se trata de un instrumento concebido para relevar los centros de cuidado comunitario a nivel nacional, provincial y municipal, su geolocalización, la cantidad de personas que prestan servicios en cada uno de ellos, los tipos de servicios que se prestan, la cantidad de personas que asisten a los centros a tomar sus servicios, entre otros aspectos.
«El marco normativo existente, si bien no aborda los cuidados como derecho en su totalidad, sí deja entrever la existencia de grupos que en base a su vulnerabilidad requieren cuidados, y la obligación del Estado a proveerlos cuando los mismos no puedan sostenerse de otra manera», señala Souto en los fundamentos de la norma propuesta.
Según su análisis, «las transformaciones en el mundo del trabajo no son pasajeras ni sólo de Argentina, hablamos de un fenómeno que vino para quedarse con un carácter estructural».
«El sistema capitalista ya no requiere para su acumulación el pleno empleo, sino que se encuentra transitando una etapa de capitalismo financiero, que, sumada a las nuevas tecnologías, precipitan los tiempos y generan pérdidas de puestos de trabajo, al menos como los concebimos hasta ahora», agrega la diputada.
En ese sentido, remarcó que un «40% del trabajo de este país es informal» y «hay millones de argentinos y argentinas más con serias dificultades para acceder a un empleo registrado y todos los derechos sociales se articulan sobre la base de estar registrado: la salud, las vacaciones pagas, la jubilación; quienes han perdido su trabajo se encuentran en una situación de vulnerabilidad que se explica por la falta de derechos».
«Todo esto pone en jaque las concepciones tradicionales de la clase trabajadora y a su vez acentúa la mirada sobre la economía popular y su necesario fortalecimiento», concluye la representante del Frente de Todos.