Derek Chauvin, el policía que mató en 2020 al afroestadounidense George Floyd, en un caso emblemático sobre violencia policial contra las minorías y que generó masivas protestas, solicitó a un tribunal de apelaciones que anule su condena por asesinato, con el argumento de que la cobertura mediática del caso y el riesgo de disturbios lo privaron de un juicio «justo».
Chauvin, de 46 años, fue declarado culpable de asesinato por la justicia del estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, en un juicio en 2021, y condenado a 22 años y medio de prisión.
Su abogado, William Mohrman, reclamó ahora que se anulara ese juicio, en parte porque las audiencias no se habían trasladado a otra sede a pesar de las amenazas de violencia en los alrededores del tribunal.
«La cuestión principal en esta apelación es si un acusado puede tener un juicio justo en un tribunal rodeado de bloques de hormigón, alambre de púas, vehículos blindados y tropas de la Guardia Nacional, todos presentes en caso de su absolución», dijo, según consignó la agencia AFP.
Cualquiera sea el resultado de esta apelación, Chauvin permanecerá en prisión porque se declaró culpable de «violaciones de los derechos civiles» de Floyd ante un juez federal y recibió una sentencia final de 21 años de prisión el año pasado.
Otros tres policías, que habían permanecido pasivos durante la agonía de Floyd, recibieron sentencias que van de los dos años y medio a los tres años y medio de prisión.
El 25 de mayo de 2020, Chauvin, un policía blanco con 19 años de servicio en Mineápolis, estuvo arrodillado sobre el cuello de Floyd durante casi diez minutos, indiferente a sus gemidos y a las intervenciones de los transeúntes aterrorizados.
La escena, filmada y publicada en las redes sociales, provocó grandes protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo Estados Unidos y en otros países bajo el lema «Black Lives Matter» («Las vidas de los negros importan»).
Durante el juicio ante la justicia estatal, el abogado de Chauvin alegó que Floyd murió por una sobredosis, combinada con problemas de salud, y aseguró que el policía había hecho un uso justificado de la fuerza.
«El caso no debería haber sido juzgado en Mineápolis donde la cobertura del caso era omnipresente», dijo el abogado Mohrman.
Los jueces tienen 90 días para tomar una decisión sobre el pedido.