El Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 1296/2026 la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Sin embargo, al mantenerse fijo y sin ningún tipo de actualización por inflación desde que fue implementado por primera vez en marzo de 2024, el refuerzo acumuló 32 meses consecutivos de congelamiento y sufrió una severa licuación real.
Los números oficiales relevados a finales de octubre de 2026 exponen que el extra perdió el 70% de su capacidad de compra original, un desplome que responde al ritmo inflacionario acumulado en la República Argentina desde marzo de 2024 hasta el último registro estadístico del INDEC, período en el cual los precios al consumidor acumularon una suba superior al 159%.
Para recuperar exactamente el mismo valor adquisitivo que tenía cuando se puso en marcha al inicio de la gestión, los $70.000 nominales deberían trepar hoy hasta los $231.253. Esta brecha implica que cada jubilado que percibe el haber mínimo esté dejando de recibir $161.253 por mes debido a la falta de actualización del refuerzo.
La pérdida de protagonismo del bono también se refleja en su peso relativo dentro del ingreso de los adultos mayores. En marzo de 2024, este concepto extra equivalía al 34,2% del total que cobraba un jubilado de la mínima. Con el incremento de la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, que elevó el haber base a $444.158,46, el bono de $70.000 pasó a representar apenas el 13,6% del total percibido, lo que fija un ingreso bruto final de $514.158,45.
Si bien el haber base se actualiza de manera mensual atado a la evolución de la inflación con dos meses de rezago, la decisión de mantener el bono clavado en $70.000 desnuda un desfasaje estructural en la pirámide previsional. Al no acompañar la suba de los precios generales ni la de los propios haberes de base, la asistencia estatal pierde eficacia como herramienta de contención social.
Como consecuencia directa de este esquema, los ingresos de la escala previsional más baja continúan operando al límite o directamente por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC. Los reclamos en el ámbito judicial y los informes del sector advierten que la confiscatoriedad del bono congelado profundiza el deterioro de millones de jubilados y pensionados en todo el país.