El Fondo Monetario Internacional (FMI) le puso un límite a la política de obra pública “cero” que aplica el Gobierno de Javier Milei. Tras advertir sobre una “brecha de infraestructura”, el organismo instó a la gestión libertaria a desempolvar los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que intentó hacer funcionar la administración de Mauricio Macri, pero que fracasó en el intento. Casi diez años después, ni en la construcción ni en sectores considerados estratégicos prevén que iniciativas similares puedan ser viables si el índice riesgo país continúa en niveles altos.
La vuelta de este tipo de asociaciones es uno de los puntos importantes en los que el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo y el staff de la entidad se pusieron de acuerdo como condiciones para avanzar con el acuerdo por USD 20.000 millones. Dentro de los métodos para atraer más Inversión Extranjera Directa (IED), el Fondo prevé que el Ejecutivo “promoverá la estructuración de concesiones de carreteras, vías navegables y puertos a través de PPP”.
“El foco estará en diseñar acuerdos que incluyan mecanismos sólidos de distribución de riesgos, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Esto busca involucrar al sector privado y a las provincias para cerrar la brecha de infraestructura que existe en el país”, indicó el documento que habilitó el giro de los USD 2.000 millones este lunes. Además, de prever un “marco legal”, el Fondo considera que se podrían “estandarizar los modelos de contratos, crear protocolos para la planificación de contingencias y desarrollar instrumentos de financiación alternativos y mecanismos de cobertura de riesgos”.
Riesgo país bajo o nada
PERFIL consultó a constructoras y rubros que tienen potencial de ser generadores de divisas en los próximos años, con fuertes reclamos sobre la necesidad de caminos, vías fluviales, tendidos eléctricos o mantenimiento de rutas existentes. Todas las fuentes coincidieron en un punto: con la desconfianza del mercado, los PPP son “impracticables” en Argentina.
“El riesgo país tiene que estar en unos 300 puntos básicos para que realmente funcione, porque necesitás financiamiento internacional y tasas bajas”, señaló a este medio un importante hombre de la construcción. El índice del JP Morgan está hoy en la zona de los 700 puntos básicos y en lo que va de Gobierno libertario, el número no bajó de los 600 puntos. El dueño de una de las constructoras nacionales más grandes explicó que “los bancos argentinos para prestar a los concesionarios con el pliego actual requieren que haya un aval de banco multilateral”. “Pero, más allá, se requiere que la Nación baje el riesgo país; con este riesgo, las tasas resultantes no sirven y nadie los tomará. Sin eso, nada”, sentenció en diálogo con PERFIL.
Hay rubros a los que un camino en mal estado les dificulta el traslado de sus productos y trabajadores. Un empresario de la agroindustria advirtió que “todavía hay miedo de traer dólares a la Argentina por el potencial riesgo de devaluación”. “Los PPP son buenos instrumentos, pero por sí solos no son suficientes”, sostuvo.
También es el caso de la minería que, como sector, trabaja junto a las provincias para exigirle a Nación el involucramiento en lo que es un cuello de botella para desarrollar la actividad. Un accionista de una importante minera planteó en diálogo con este medio que “la industria está muy acostumbrada a crear su propia infraestructura como consecuencia de lo inhóspito de las zonas donde suelen estar los proyectos, pero cada vez se hace más evidente la necesidad de bajar costos sectoriales a través de infraestructura de uso común para poder tener precios competitivos”.
Los errores de Mauricio Macri con los PPP
“Se necesita una manera de coordinación entre sector y Gobierno a tal fin que sea más moderna y no repita errores del pasado”, determinó la misma fuente. Entre el 2015 y el 2019 se licitaron 6 corredores viales bajo el esquema de asociación público-privado para modernizar más de 7.000 kilómetros de rutas. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos no se concretaron y la gestión de Alberto Fernández rescindió los contratos. Este modelo estipulaba que la empresa debía conseguir los fondos a través de mercados de deuda nacionales e internacionales y el Estado garantiza la financiación y el pago futuro, asumiendo los riesgos del proyecto.
Pero el avance de las obras fue mínimo. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) publicado en el 2020 confirmó que las firmas adjudicatarias solo habían ejecutado, en promedio, el 2% del plan de obras y señalaba irregularidades, sobrecostos y falta de controles. Es por eso que en la construcción también apuntan a que exista un “marco legal que determine mecanismos de seguridad jurídica para evitar que los contratos de largo plazo sean anulados por los siguientes gobiernos”.
Concesiones sin oferentes
Al cierre de esta nota, en el Palacio de Hacienda no hicieron comentarios sobre avances en la reestructuración de este tipo de acuerdos. El Gobierno tiene puesta en marcha una «Red Federal de Concesiones» constituida por más de 4400 kilómetros de rutas nacionales, pero por ahora no tuvo mayores éxitos por la necesidad de financiamiento que tienen muchos de los caminos que pierden la gestión del privado y no hay oferentes para volver retomarlos.
“El puente Rosario-Victoria necesita unos USD 100 millones por corredor para poner a punto sus rutas y después poner un peaje razonable. Pero los bancos no están muy entusiasmados en prestar”, señaló una fuente del sector constructor.
Desde que inció la gestión Milei, el Gobierno paralizó el 70% de los proyectos que estaban bajo su órbita, según confirmó el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, durante la última convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Son unas 1688 iniciativas de un total de 2337 que la anterior administración dejó inconclusas. Unas 500 se transfirieron a las provincias y sólo 183 contaron con el aval del Poder Ejecutivo para continuar con fondos nacionales.
Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo(BID), Argentina tiene USD 204.403 millones en necesidades de inversión estimadas hasta el año 2030, desglosadas en inversión nueva y mantenimiento.
Fuente: Perfil