El Gobierno afirma haber cerrado un acuerdo con más de 40 senadores para introducir cambios en la reforma laboral durante su tratamiento en la Cámara Alta. En el Ejecutivo sostienen que las modificaciones no incluyen por el momento la reducción del Impuesto a las Ganancias a sociedades y en varios sectores se mantienen alertas por los gobernadores.
“Si no les damos algo, esa parte del articulado no sale”, expresan en Nación. La Casa Rosada evalúa un esquema de compensaciones paralelas a las provincias para reducir el impacto fiscal de la baja de los fondos coparticipables, que comenzará a regir a partir de 2027 en caso de sancionarse.
El encargado de llevar las negociaciones es el ministro del Interior, Diego Santilli, que mantuvo una ronda de reuniones con mandatarios dialoguistas en las últimas semanas. Un ejemplo que ponen en Balcarce 50 es la transferencia que el integrante del gabinete le adelantó a Juan Pablo Valdés (Corrientes) por $3000 millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En la mesa chica del oficialismo insisten en que buscan realizar un acuerdo con bases “creíbles” a mediano plazo con los gobernadores con un esquema de retribuciones a lo largo de 2026. En varios despachos oficiales no descartan que se traslade a las negociaciones por la reforma tributaria, que buscarán impulsar este año.
El Gobierno asegura que los cambios acordados con más de 40 senadores abarcan detalles “jurídicos” y mantiene bajo estricta reserva el nuevo articulado. En Nación mantienen la postura de que no son “sustanciales” y remarcan que no alteran el contenido central de la reforma. “La primera parte del proyecto no se va a tocar”, expresan.
Se trata de los artículos que abarcan la definición de relación laboral, presunción de dependencia, modalidades de contratación (tiempo parcial, plazo fijo, eventual y trabajo por equipo), facultades del empleador para organizar la prestación, régimen de jornada y banco de horas, y el esquema indemnizatorio por despido, con topes y bases de cálculo redefinidas.
La segunda parte de la ley contiene la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los plazos de entrada en vigencia, la redacción de artículos procedimentales, y el régimen de actualización y pago de créditos laborales, con el objetivo de evitar conflictos judiciales y ordenar la implementación de la norma. Lo mismo aplica para la reducción de Ganancias para sociedades, que está dentro del capítulo tributario.
“No se va a tocar hasta que tengamos que hacerlo”, agregan. En la Casa Rosada admiten que el poroteo en Diputados es más incierto, pero relativizan el riesgo. La lógica oficial es que cualquier cambio posterior de la Cámara Baja podrá ser revertido por el Senado en caso de que el proyecto logre media sanción el 11 de febrero. Los gobernadores preparan en paralelo para esta semana una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con foco exclusivo en la recaudación.