El Gobierno actualiza las partidas presupuestarias para universidades en $2,5 billones y redefine la estrategia para evitar que la ejecución de la ley de financiamiento universitario impacte en déficit. En el Ejecutivo aseguran que incorporarán la cifra al presupuesto anual 2026 y que la ejecutarán de forma mensual hasta fin de año.
La Casa Rosada mantiene la postura de no pagar por ahora montos adicionales por fuera de esa actualización de partidas. En Balcarce 50 explican que la idea es distribuir internamente los fondos en cuotas mensuales y cumplir hacia adelante con las nuevas erogaciones, sin convalidar en lo inmediato una salida que implique un pago retroactivo pleno en un solo movimiento. “La idea es ganar tiempo y pagar lo menos posible”, agregan.
La lectura oficial es que la adecuación a $2,5 billones no significa ejecutar la cifra, sino reordenar el presupuesto universitario vigente para empezar a ejecutarlo mes a mes. Con ese argumento, el oficialismo busca despegarse de la idea de un desembolso instantáneo de fuerte impacto fiscal y no descarta una reglamentación de la norma.
Esa interpretación coincide, además, con la expectativa que transmiten fuentes de la UBA. En la universidad esperan que la erogación sea mensual y no incluya por ahora un pago por lo retroactivo. También creen que la implementación puede trabarse por la apelación judicial que prepara Nación, en un escenario en el que el expediente todavía tiene recorrido procesal. “No hay coordinación ni llamados desde el Gobierno para que los docentes estén mejor”, amplían.
La estrategia oficial se apoya en dos frentes. El primero es el judicial: el Gobierno apelará hasta la Corte Suprema para intentar ganar tiempo y sostener que la aplicación de la ley debe adecuarse a criterios de “gradualidad y disponibilidad presupuestaria”. En Nación entienden que esa vía puede darles margen para ordenar la ejecución y evitar que el cumplimiento se traduzca en un salto del gasto.
El segundo frente es el legislativo. En el Ejecutivo siguen trabajando con la idea de impulsar una modificación de la ley de financiamiento universitario para reducir su costo fiscal y evitar que su aplicación, en los términos actuales, incurra en déficit. En el oficialismo sostienen que la discusión ya no pasa solo por la ejecución del fallo, sino por cómo rediseñar la norma para que no abra un frente permanente de presión presupuestaria.
La combinación de actualización mensual, apelación judicial y eventual reforma legislativa será uno de los ejes de la mesa política de mañana. La Casa Rosada busca definir cómo administrar el cumplimiento de la ley sin resignar su meta fiscal, en un contexto en el que además aumenta la preocupación por la posibilidad de una nueva escalada del conflicto universitario.
En Balcarce 50 reconocen, además, que la situación se volvió más compleja por las demoras previas para avanzar con una alternativa propia. Puertas adentro le adjudican a la interna oficialista parte de las trabas que frenaron en marzo el proyecto que buscaba modificar las partidas y ofrecer una salida legislativa antes de que se consolidara el revés judicial. “Si no nos ordenamos internamente, nos vamos a comer más coletazos”, agregan.