El Gobierno nacional aceleró la reglamentación de la reforma laboral con el objetivo de oficializarla durante abril, en un contexto marcado por los amparos judiciales que frenaron parte de su aplicación.
Según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo ya activó el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el 27 de febrero. La decisión política de la Casa Rosada es avanzar sin introducir modificaciones sustanciales en el contenido de la norma.
En ese sentido, desde el oficialismo aseguran que no habrá intención de “morigerar” ninguno de los puntos de la reforma a raíz de las presentaciones judiciales. Sin embargo, reconocen que la reglamentación apuntará a reforzar y blindar aquellos aspectos que quedaron bajo mayor cuestionamiento.
La estrategia legal está siendo coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. El plan oficial contempla concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, en una instancia posterior, escalar la discusión hasta la Corte Suprema, consignó TN.
“Se busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, indicaron desde el entorno gubernamental.
El proceso de reglamentación involucra a distintas áreas del Ejecutivo, entre ellas Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Una vez completado ese recorrido, los expedientes son elevados a la Secretaría de Legal y Técnica, encargada de consolidar el texto final para su publicación en el Boletín Oficial.
Dentro de ese esquema, el rol de ARCA resulta clave, ya que la ley le asigna funciones específicas vinculadas a la registración laboral y a la implementación de obligaciones de seguridad social.
Entre los puntos a reglamentar, el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo remite a la definición de sistemas de pago para prestaciones sin relación de dependencia, mientras que el artículo 52 deja en manos de ARCA la normativa sobre registración. En tanto, el artículo 92 ter establece que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial deberán ser determinadas por vía reglamentaria.
Uno de los ejes bajo mayor seguimiento es el Fondo de Asistencia Laboral. En el oficialismo admiten que su reglamentación es prioritaria y analizan alternativas para su instrumentación, que podrían incluir su direccionamiento hacia colocaciones del Tesoro, entre otras opciones de inversión.
La aceleración del decreto también se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno sobre el frente judicial laboral. En paralelo, la Nación busca sostener el acuerdo de transferencia de competencias laborales desde el ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que esa arquitectura forma parte del blindaje institucional frente a la disputa judicial.
En ese contexto, el Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario funcione como un respaldo técnico en dos aspectos centrales: la aplicación de la ley sobre relaciones laborales ya existentes y la implementación de los nuevos procedimientos.
En la mayoría de los despachos oficiales dan por descontado que la controversia terminará resolviéndose en la Corte Suprema, en lo que se perfila como el capítulo final de la disputa por la reforma laboral.