El Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, Carlos Zannini, tiene previsto presentar en las próximas horas el recurso de revocatoria “in extremis” para apelar la decisión de la Corte Suprema que la semana pasada ordenó al Gobierno nacional comenzar a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires 2,95 puntos de los Fondos Coparticipables y restituirle así los fondos que le había quitado a fines de 2020 para transferirlos a la Provincia de Buenos Aires.
El Presidente Alberto Fernández quiere, según él mismo les transmitió a los gobernadores peronistas la semana pasada, que la discusión con la Ciudad siga “en el expediente” de la Corte Suprema. El kirchnerismo le había transmitido a través de una declaración temprana del chaqueño Jorge Capitanich que Fernández debía desconocer la decisión de la Corte e ingresar así, con el desacato, en un conflicto institucional de dimensiones desconocidas en la historia democrática argentina.
La presentación de Zannini -quien responde sin dobleces a Cristina Kirchner- busca que la Nación gane tiempo en la última semana del año judicial y la Corte postergue nuevas definiciones hasta febrero, cuando termine la feria judicial. Los jueces de la Corte tomarán licencias por turnos: los dos primeros que se irán son el titular del Tribunal, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz. Desde el 15 de enero, en cambio, ellos dos quedarán de guardia y dejarán sus puestos Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Ese plan colisionará con el del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ordenó a sus funcionarios presentarse ante la Corte para que se haga efectivo el pago de la sentencia y comenzar a cobrar así unos 1.100 millones de pesos diarios en giros del Gobierno nacional en lugar de los 500 que recibe hasta hoy.
Con Alberto Fernández de descanso en la Residencia presidencial de Chapadmalal, hubo varios equipos del Gobierno trabajando en una respuesta al fallo de la Corte.
Además de Zannini, se evaluaron alternativas en el equipo de Sergio Massa. Una de ellas fue la de proponer el pago con bonos de deuda nacional a la administración porteña para evitar transferir el dinero en efectivo. La propuesta tendrá que ser aceptada por la Ciudad y, además, homologada por la Corte Suprema. Según uno de los funcionarios nacionales que conoce los detalles de esa propuesta, el Gobierno citaría el caso del pago por la devolución de fondos a Santa Fe por el fallo que emitió la Corte en 2015 a favor de esa provincia (además de Córdoba y San Luis) para compensar la detracción de fondos coparticipables que correspondían a esos distritos para financiar a la Anses. En septiembre de este año, Santa Fe aceptó que le paguen con títulos las cuotas que le restan cobrar por aquel fallo.
La Ciudad no está dispuesta a resignar la posibilidad de cobrar en efectivo. “La coparticipación es en efectivo. Vamos a mantener la posición de que se cumpla el fallo en efectivo”, le adelantó a este diario un funcionario muy importante del Ejecutivo porteño.
La cautelar de la Corte obliga a pagarle a la Ciudad unos 220.000 millones de pesos anuales adicionales.
El comunicado de la Presidencia emitido tras el fallo reflejó la idea de desacatar la decisión de la Corte. Allí dice que la cautelar es “de cumplimiento imposible” porque obliga a pagarle a la Ciudad fondos que no estaban previstos en el Presupuesto.
En rigor, esos fondos de la Ciudad sí existen, porque lo que hizo la Casa Rosada a fines de 2020 fue transferir parte de los fondos coparticipables asignados a la Ciudad para financiar el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires”, que, según anunció en su momento el gobernador Axel Kicillof, están destinados a solventar el funcionamiento de la Policía Bonaerense. Eso fue lo que complicó la interna en el Gobierno: Cristina Kirchner y Kicillof se negaron a que la Nación elimine ese Fondo para darle otra vez ese dinero a la Ciudad.
Según fuentes de Economía, la alternativa de los bonos es la única que tiene el Estado para afrontar los pagos de acá hasta que termine el año. “Todas las partidas de las que se podría sacar el dinero tienen los fondos devengados”, explicó a Clarín un funcionario de Massa.
Desde el 1 de enero, la situación podría ser otra. En ese caso, en el Gobierno se evalúan dos posibilidades.
Una es que el Gobierno presente un proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2023 y defina cómo se afrontarán los pagos del próximo año a la Ciudad. “Que sea el Congreso el que defina si generamos nuevos ingresos para pagar -por ejemplo, nuevos impuestos- o si hacemos recortes y también donde los hacemos”, argumentó un ministro nacional.
La otra idea que tiene el Gobierno es que la Nación pase a cobrar los tributos que hoy cobra la Ciudad sobre los resúmenes de tarjetas de crédito y también sobre las Letras que ingresan a los bancos. “Si Larreta elimina esos impuestos, hacemos una ley para que los cobre la Nación y esa recaudación se la giramos a Ciudad para financiar lo que ordenó la Corte”, explicó el mismo ministro.
Las dos estrategias se chocarán con una pared: la negativa de la oposición a negociar con el Gobierno en un clima de confrontación que se agravó desde que Cristina Kirchner desplegó un plan para quitar representación a Juntos por el Cambio ante el Consejo de la Magistratura.