Soberania nacional
Malvinas
Juliana Santillan carlos zapata
Foto Federico Lopez Claro
El Gobierno terminó por ceder a las presiones de Estados Unidos y definió cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido también como Ley Malvinas. Así, aplicó modificaciones en un artículo clave del texto vinculado con las sanciones a las empresas que operen en las islas.
En un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría luego de aceptar las múltiples modificaciones propuestas por los aliados del PRO, la UCR, el MID y los provinciales para dejar la propuesta lista para llevarlo al recinto el próximo 12 de noviembre, según anticiparon fuentes legislativas.
Lo cierto es que la Casa Rosada tuvo que hacer importantes cambios al proyecto original, que llevaba el sello del asesor estrella Santiago Caputo. No solo tuvo que ceder a las presiones de Estados Unidos sino también de los aliados, ya que hasta la semana pasada no estaban las firmas ni para dictaminar.
En este sentido, el Gobierno aceptó que se limiten las sanciones a las empresas que operen ilegalmente en el país, ya sea en forma directa, como proveedora o accionista directa de la iniciativa, quedando eximidos los subsidiarios, filiales o accionistas que no tengan una participación relevante en las exploraciones.
Al mismo tiempo, se resolvieron cambios en las sanciones previstas en la ley, con multas de entre dos y cuatro veces al beneficio del proyecto. En aquellos casos en los que no se pueda determinar el monto se pasaría a una sanción oscilaría entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, duplicando la multa original.
De esta manera, el Gobierno atendió la preocupación de la Casa Blanca, que como informó Clarín, había expresado su preocupación por la posibilidad de que las penalidades propuestas en el proyecto oficialista alcancen no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas.
La mirada está en las firmas que participan en el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y alcanza también a firmas asociadas con ellas en otros emprendimientos.
La polémica surgió a partir de la preocupación de la administración de Donald Trump, que quedó confirmada durante la reciente visita del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, que llevó a pensar en la posibilidad de congelar la propuesta.
Por eso, Santiago Caputo tuvo que aceptar no solo los cambios más direccionados con el tema Malvinas sino también con aquellos artículos vinculados a un nuevo esquema de defensa y seguridad. En rigor, las modificaciones comenzaron a ser analizadas en una reunión que el asesor todoterreno, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, tuvo con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario, Adrián Pagán.
Tal como informó este diario, en aquella reunión, los representantes del Ejecutivo recibieron los aportes presentados por los diputados del PRO, del MID, la UCR e incluso del peronismo.
En las modificaciones que aceptó el Gobierno se destacó la incorporación del Ministerio de Seguridad al proyectado Consejo de Seguridad como miembro permanente. De esta manera se intenta que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo.
Vale recordar que el texto original fija que el Consejo esté integrado por el Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. En el Congreso, distintas fuentes parlamentarias vincularon la exclusión de la cartera de Seguridad, a las tensiones internas que existen entre un sector del Gobierno y Patricia Bullrich, ex titular del área.
Como parte de los cambios se habilitó la participación del titular de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior como miembros no permanentes ante cuestiones críticas.
También se aceptó la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del propuesto Consejo de Seguridad. De esta manera, cualquier acción militar drástica, como el derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles, requerirá obligatoriamente de la autorización del Congreso evitando que quede en manos del Presidente o del ministro de Defensa. Y se dejó en claro que el Consejo no podrá intervenir en cuestiones de seguridad interior.
La bicameral estará integrada por 4 diputados y 4 senadores que serán designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Se afinó la redacción sobre las infraestructuras críticas, que hace referencia a aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos, tanto públicos como privados, cuya interrupción o destrucción pueda afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado. Se aumentaron las exigencias para intervenir en los casos de protección de los objetivos.
Por último, se modificó el artículo 111, que establece penas que van de los 5 a los 15 años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero, realicen actividades que procuren «alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva».
Lo que se hizo fue excluir la actividad periodística, académica, el debate público y diplomático. Hay que recordar que el artículo había sido cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) al alertar sobre la ambigüedad y amplitud de conceptos como «desinformación» o «manipular la opinión pública».
Fuente: Clarín