Jorge Orlando “Chicho” Díaz, uno de los acusados en el juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez, lloró desconsoladamente durante varios minutos. Nadie podía calmarlo. Este martes vivió dos situaciones que difícilmente olvidará. Por la mañana,Felipe “El Militar” Sosa, considerado autor del femicidio, declaró espontáneamente y aseguró que el imputado por encubrimiento no tenía ninguna vinculación con el hecho. Por la tarde, después de una larga disputa judicial, un magistrado le otorgó el arresto domiciliario.
Según la investigación del fiscal Pedro Gallo, Díaz, empleado de confianza de Sosa, habría realizado distintas maniobras de encubrimiento: ayudado a ocultar el cuerpo, eliminado prendas de la víctima y escondido las armas de fuego que le habría entregado “El Militar”. El representante del Ministerio Público solicitó que se le impusiera una pena de seis años de prisión.
Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, durante su alegato de apertura, indicó que demostraría que su asistido no había realizado ninguna maniobra de encubrimiento. “Él tuvo la desgracia de aparecer ese día en la casa de Sosa. Él había ido a trabajar”, sostuvo el profesional. También indicó que “Chicho” no pertenecía al círculo íntimo del “Militar”, a diferencia de Justina Gordillo y Nicolás Navarro Flores.
Sorpresiva declaración
En la segunda audiencia del juicio, luego de escuchar el testimonio de varias personas que explicaron cómo habían encontrado el cuerpo de Érika, Sosa se levantó de su silla y exclamó: “Quiero declarar”. Era la primera vez que el imputado decidía romper el silencio. Antes solo se había pronunciado para informar sobre sus condiciones personales.
Lo primero que hizo fue reconocer que había arrojado el cuerpo de la víctima. Después llegó una afirmación inesperada. “Quiero decir que Jorge Díaz no tiene nada que ver en este caso. Es el único de todos los involucrados que no tuvo relación alguna con el hecho”, declaró.
Las palabras de Sosa tuvieron un fuerte impacto en la audiencia, aunque deben ser evaluadas teniendo en cuenta que se trata de la declaración de un acusado, que no está obligado a decir la verdad. “Nos tomó por sorpresa. Por primera vez en ocho meses no sólo que declara, sino que desvincula a Díaz. De todas maneras, falta mucho camino por recorrer. Tenemos pruebas para lograr su absolución”, insistió Bello.
Otra buena noticia
Este martes vencía el plazo de la prisión preventiva de Díaz. Por la tarde se realizó una audiencia para resolver su situación procesal. Bello no se opuso a que se prorrogara la medida cautelar, pero solicitó que se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario, tal como se había autorizado hacía más de 40 días.
“El problema es que se le fijó una caución de $20 millones y no hay manera que la pueda cubrir. Hemos presentado varias alternativas para que se le otorgue este beneficio. Resulta sumamente injusto que por no tener los recursos siga detenido”, expresó el defensor. La auxiliar fiscal Carolina Brito Ledesma, por instrucciones del fiscal Pedro Gallo, y Carlos Garmendia, querellante en representación de la familia de la víctima, se opusieron al planteo.
“Lo único que pretendo es volver a casa para estar con mis hijos. Los extraño mucho. Cuando empezó a aparecer mi nombre en el caso, me presenté en la fiscalía. Me dijeron que no había nada en contra mía, pero al otro día me detuvieron. Nunca más salí”, indicó Díaz durante la audiencia.
El juez Eduardo González prorrogó la prisión preventiva hasta el 11 de diciembre, fecha prevista para la finalización del juicio, pero dispuso que se cumpliera bajo arresto domiciliario. Dejó sin efecto la caución de $20 millones y estableció, en su reemplazo, que cinco personas asumieran bajo juramento el compromiso de garantizar que el acusado no se fugara. También dispuso que Díaz fuera trasladado desde el penal de Benjamín Paz a su domicilio una vez que se le colocara una tobillera electrónica y se organizara una custodia policial permanente, durante las 24 horas.
González, antes de dar a conocer su resolución, explicó que la declaración de Sosa no había influido en absoluto en su decisión y que correspondía al tribunal encargado del juicio valorar esos dichos.
De esta manera, Sosa y Nicolás Navarro Flores son los únicos involucrados en la causa que permanecen alojados en establecimientos penitenciarios. El segundo ya cumple la condena de tres años de prisión que recibió mediante un juicio abreviado.
Fuente: La Gaceta