El Gobierno entró en una zona de turbulencia que ya no puede explicarse por un episodio aislado. La acumulación de conflictos políticos, judiciales, económicos y de percepción pública empezó a moldear el momento más delicado de la gestión de Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada.
No es un giro abrupto, sino una suma de señales que, vistas en conjunto, empiezan a dibujar algo más incómodo: un cambio de clima. Social, sobre todo.
La crisis tiene hoy un rostro visible: el del vocero presidencial, Manuel Adorni. Pero su alcance excede largamente a ese funcionario y, de a poco, empieza a rozar al propio Presidente, bastante chamuscado ya por su presunta participación en la criptoestafa $Libra.
El caso que detonó la secuencia fue el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado. Precedido inmediatamente en el tiempo por la inexplicable presencia de su esposa Bettina Julieta Angeletti en la comitiva presidencial, en viaje oficial a Nueva York, destinada a compensar al exvocero por el hecho de “deslomarse” en la gestión.
Lo que al principio pareció un episodio menor con el vuelo desde Punta del Este derivó en una investigación judicial que avanzó sobre el circuito de contratación, la facturación diferida y la participación de terceros en el pago del traslado de regreso hacia San Fernando.
Con mi plata hago lo que quiero. El pasado jueves declaró Agustín Issin, el brocker que vendió el vuelo de Adorni: desmintió al jefe de Gabinete. Issin se presentó por las suyas, espontáneamente, en Comodoro Py para testimoniar ante el juez Ariel Lijo. Y aseguró que el vuelo de regreso lo pagó el productor televisivo Marcelo Grandío.
La reconstrucción de la operatoria dejó abiertos interrogantes sobre la trazabilidad de los fondos y sobre la consistencia entre los gastos realizados y los ingresos declarados. A saber:
- En una de sus intervenciones, el propio Adorni reconoció la existencia de un segundo departamento que no había sido mencionado previamente en su exposición patrimonial. El dato reactivó las dudas sobre la evolución de sus bienes y reforzó una de las líneas de investigación judicial. Hasta ahora, y pasando en limpio, Adorni acredita dos departamentos, una casa de fin de semana en un country de Exaltación de la Cruz y una casa heredada en La Plata. Casi, casi, más propiedades que el aloe vera.
- La controversia sumó además un componente político. La frase “yo hago lo que quiero con mi dinero” –dicha en el peor momento posible en la conferencia de prensa que dio junto a algunos ministros del gabinete– funcionó como un resumen involuntario de la crisis: más que explicar, confirmó. En un gobierno que hizo de la austeridad una bandera, la escena quedó, como mínimo, desprolija. O, si se quiere, innecesariamente sincera.
Aun así, la Casa Rosada decidió sostenerlo. El respaldo político se mantiene, aunque empieza a parecer más una necesidad que una convicción. De hecho, a la furibunda conferencia de prensa donde Adorni ensayó su descargo, no asistieron “todos” los funcionarios. Hubo ausencias llamativas: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes, curiosamente, suenan como eventuales reemplazos de Adorni.
$Libra. En paralelo, el caso $Libra sigue abierto. Las pruebas incorporadas –registros de comunicaciones, secuencia temporal y datos técnicos– comenzaron a contradecir las explicaciones del propio Presidente, manteniendo el tema en agenda gracias a las anotaciones que el lobista amigo de la Rosada, Mauricio Novelli, registró en su celular, que incluían un presunto acuerdo de pago de cinco millones de dólares por los no menos presuntos servicios prestados por el Presidente para promocionar el lanzamiento de la moneda.
Los contactos registrados en momentos claves del lanzamiento del proyecto, el acceso anticipado a información que no era pública y el tiempo que se mantuvo publicado el mensaje de promoción incluso después del derrumbe del activo digital forman parte de una secuencia que debilita la narrativa oficial.
Doble frente y opinión pública. Ese doble frente –Adorni y $Libra– comenzó a impactar en la opinión pública. La consultora Innova registró que el 70% de los consultados considera corrupto a Adorni, y que el 60% extiende esa percepción al Gobierno. El estudio Zuban-Córdoba midió un 58% de desaprobación a la administración Milei frente a un 35,4% de aprobación; mientras que Analogías ubica el rechazo por encima del 60%. Son mediciones distintas, con metodologías distintas, pero que empiezan a decir cosas parecidas.
La medición de Atlas-Intel (la misma que anticipó el triunfo de Milei en 2023) agrega otro dato: la desaprobación presidencial alcanzó el 61,6%, el nivel más alto desde el inicio de la gestión, con una aprobación en caída del 36,4%. No es un episodio aislado: es el tercer mes consecutivo de deterioro.
El repunte que había mostrado la imagen presidencial en febrero, asociado al avance legislativo, se revirtió rápidamente. Marzo aparece como un punto de inflexión. De esos que no hacen ruido en el momento, pero después se vuelven evidentes.
Es la economía, Presidente. El deterioro se vuelve más visible cuando se lo cruza con la percepción económica. Tres de cada cuatro argentinos consideran mala la situación del mercado laboral y dos tercios tienen una visión negativa de la economía. Ese malestar no es abstracto: se traduce en consumo. Más de la mitad anticipa que reducirá sus compras en los próximos meses. Ajuste en tiempo real.
A eso se suma un indicador menos estridente, pero más profundo: el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad de San Andrés.
Ahí el problema no es un salto, sino una pendiente. Lo que al inicio fue una reserva de expectativa –incluso en sectores no oficialistas– empezó a erosionarse medición tras medición. Hoy, el nivel se ubica claramente por debajo de aquel punto de partida.
Un dato puntual ayuda a dimensionar esa caída: el nivel de satisfacción con la marcha general del país se ubica en apenas un 33%, con un retroceso de siete puntos porcentuales respecto de noviembre. Traducido: el crédito inicial se está consumiendo. Y no hay, por ahora, señales claras de reposición. El famoso “voto de confianza” tiene fecha de vencimiento.
En paralelo, el frente económico muestra tensiones que empiezan a salir de la discusión técnica para entrar en la política.
El diagnóstico de Joaquín Cottani –exviceministro de Economía del propio Milei– introduce una advertencia central: el programa logró ordenar el frente fiscal, pero no resuelve la restricción externa.
Con un déficit de cuenta corriente cercano al 2% del PBI –unos 15 mil millones de dólares–, plantea un dilema concreto: o se resigna acumulación de reservas o se avanza hacia algún tipo de control cambiario. No hay muchas más opciones (¿otro corralito?). A eso se suma el costo del esquema financiero. Las tasas elevadas, necesarias para sostener el equilibrio, empiezan a impactar sobre la actividad y el crédito. El aumento de la morosidad aparece como una señal más que incipiente de ese efecto. Primero se enfría la economía. Después, se siente.
El clima social. El cuadro se completa con el clima social: caída de ingresos, deterioro del consumo y malestar creciente. No es un estallido. Es algo más silencioso.
Es en ese punto donde el análisis de Carlos Pagni aporta una clave. “Estamos bien, pero vamos mal”, sintetiza. Una fórmula incómoda: el Gobierno puede exhibir algunos logros, pero pierde consistencia en la trayectoria. Ese riesgo también es detectado por modelos predictivos que empiezan a circular en el análisis político. En Modo Fontevecchia, Jorge Fontevecchia presentó herramientas basadas en inteligencia artificial que cruzan variables económicas, sociales y de opinión pública para identificar umbrales de tensión.
El especialista José Norte lo resumió sin rodeos: “Estamos frente a una tormenta perfecta” (ver recuadro aparte).
El dato más inquietante es la posible aceleración de los tiempos. “La paciencia se está acabando”, advirtió, al señalar que ese umbral podría adelantarse: “Junio se transforma en mayo o abril”. En otras palabras: el calendario social no siempre respeta el calendario político. El indicador que sintetiza ese malestar es contundente: según ese modelo, el 91% de la población expresa rechazo a la situación actual. No es un número menor. Es un clima.
No se trata de una predicción determinista. Pero sí de una señal. La suma de todos estos elementos –la crisis política, las inconsistencias del caso $Libra, la caída en la confianza, el deterioro en las encuestas, las advertencias económicas y la proyección de conflictividad– configura un escenario que el Gobierno no había enfrentado.
Desempleo en alza
La tasa de desempleo en la Argentina alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que marca un aumento frente al 6,6% registrado en el período previo. El dato implica que cerca de 1,7 millones de personas enfrentan dificultades para conseguir trabajo en los principales centros urbanos del país. La suba no solo refleja un deterioro en el mercado laboral, sino también una mayor presión de quienes salen a buscar empleo ante la pérdida de ingresos o la necesidad de complementar los existentes.
El fenómeno combina, por un lado, una expansión de la población económicamente activa y, por otro, un ritmo insuficiente en la generación de nuevos puestos de trabajo. Esta dinámica impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables, especialmente entre los jóvenes, donde las tasas de desocupación suelen duplicar el promedio general. También se observa un golpe significativo en actividades como la construcción y el comercio, dos rubros sensibles al ciclo económico y al nivel de consumo.
Índice de vulnerabilidad
El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso, una herramienta de publicación mensual que busca reflejar con datos concretos el impacto de la crisis económica en los hogares. En un contexto de deterioro sostenido y con niveles de morosidad en máximos de los últimos 16 años, el indicador releva cinco variables: morosidad, inflación real, empleo asalariado privado, cantidad de empresas y salario real.
El primer informe, correspondiente a diciembre de 2025, arrojó un valor de 4,9 puntos y ubicó al país en una zona de vulnerabilidad que confirma el empeoramiento de las condiciones de vida. Entre los datos más críticos se destaca una morosidad del 9,3%, con 14 meses consecutivos en alza. A su vez, se registró la pérdida de 12.399 empleos privados en un solo mes y más de 200 mil desde fines de 2023.
El relevamiento también muestra el cierre de 670 empresas en diciembre y más de 22.600 en poco más de un año, en paralelo con una caída del 7,1% en el salario real. Desde el espacio impulsor sostienen que el índice busca aportar evidencia sistemática sobre la economía cotidiana y consolidarse como una referencia mensual sobre la evolución social del país.
Anticipan un junio crítico
Un análisis basado en inteligencia artificial y procesamiento de datos advierte sobre un posible escenario de crisis social en la Argentina hacia mitad de año. Según el estudio revelado en el programa Modo Fontevecchia, la combinación de variables económicas, políticas y de credibilidad configura una dinámica de creciente fragilidad que podría alcanzar un punto crítico en junio.
El trabajo, apoyado en modelos algorítmicos, identifica una “tormenta perfecta” derivada de la acumulación de tensiones: deterioro del poder adquisitivo, conflictos sectoriales, caída de la actividad y desgaste en la confianza pública. En ese marco, el especialista en datos José Norte sostuvo que el Gobierno enfrenta un margen cada vez más reducido para contener el malestar social.
Las proyecciones no plantean un desenlace inevitable, pero sí advierten sobre la aceleración de indicadores sensibles que históricamente preceden episodios de conflictividad. La simultaneidad de factores –económicos y políticos– aparece como el principal riesgo, al potenciar la percepción de crisis en amplios sectores de la sociedad.
El informe pone el foco en la evolución de expectativas y en la velocidad con que se acumulan tensiones, más que en un único dato puntual. En ese sentido, concluye que el desafío oficial no solo pasa por estabilizar variables macroeconómicas, sino por recomponer credibilidad y capacidad de respuesta frente a una demanda social en aumento.
Por Daniel Capalbo
Fuente: Perfil