El Gobierno dio marcha atrás con el pase a disponibilidad de más de 340 trabajadores del INTA, la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y otros organismos públicos, luego del rechazo del Congreso a los decretos delegados.
La medida fue oficializada con las resoluciones 1343 y 221, publicadas este viernes el Boletín Oficial. Así, la continuidad laboral de cientos de empleados.
“Resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025″, indica la resolución 1343.
El Ministerio de Economía había dispuesto que el personal con estabilidad adquirida en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasaran a situación de disponibilidad.
Este martes, la Justicia admitió la cautelar que presentó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno que a que se abstenga de ejecutar “cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación de la resolución 1240, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas” vinculadas al INTA, INV e INASE.
Mientras que en la resolución 221, el Gobierno dejó sin efecto los despidos del personal de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
“Resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° 1 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes De Aviación dictada en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025 y 585/2025”, indica la normativa.
En esa línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró las medidas: “Presidente Javier Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron siendo muy torpes. Viven recalculando. En ATE nos estamos acostumbrando a ganar».
El INTA recuperó su normativa de funcionamiento
El Gobierno restituyó la vigencia de varias normativas del INTA y de otros organismos públicos, que habían sido modificadas por decretos presidenciales. La marcha atrás se efectivizó, a través de los decretos 627 y 628.
La decisión se tomó luego de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran a fines de agosto cinco DNU que habían generado controversia por su alcance y objetivos.
El Ejecutivo aclaró que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”.