En los próximos días el Gobierno disolvería por decreto la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Las funciones de los organismos eliminados serían absorbidas por nuevas estructuras o por entidades ya existentes, como la Secretaría de Transporte, la futura Agencia de Control de Concesiones de Transporte y fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional, según publicó ayer La Nación.
Hasta el momento, no hay una fecha oficial para la publicación del decreto. La planta de empleados en cada uno de los organismos será mantenida con sus cargos y unidades organizativas vigentes de manera temporal.
El motivo sería que varias entidades tienen una superposición de tareas como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial coordina programas de prevención de accidentes de tránsito, algo similar a lo que hacen la ANSV y también la Subsecretaría de Transporte Automotor.
El control de tránsito nacional pasaría a manos de Gendarmería
Uno de los cambios más importantes sería la disolución de la ANSV, encargada de la gestión del scoring y el control del tránsito en rutas nacionales. El organismo había sido creado con el objetivo de reducir la cantidad de accidentes viales.
A su vez, si bien la entidad fiscaliza tránsito, no lo hace sobre el transporte de carga o pasajeros, función que le corresponde a la CNRT.
Estas tareas pasarían a ser responsabilidad de Gendarmería Nacional. La fuerza de seguridad se encargaría de la prevención, fiscalización y control del tránsito terrestre en todo el territorio nacional, incluyendo pasos fronterizos y áreas integradas.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) también sería disuelta. Actualmente, el organismo se encarga de fiscalizar talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para vehículos de transporte de pasajeros y cargas, y supervisar operadores de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, entre otras funciones.
También se disolvería la Dirección Nacional de Vialidad y el encargado de otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas viales, así como servicios públicos de transporte terrestre sería el Ministerio de Economía, siempre según información del mencionado medio.
De la mano de estos cambios, se crearía la Agencia de Control de Concesiones de Transporte cuyas tareas serían la fiscalización y control de los contratos de concesión de obras viales como de las líneas ferroviarias y servicios de transporte público de jurisdicción nacional.
También se encargaría de aplicar las normativas relacionadas a fiscalizaciones de concesiones terrestres y la cual perciba y fiscalice el cobro de tasas, derechos y aranceles relacionados.