La semana termina con datos ciertos sobre la aceleración de las negociaciones por la Ley Bases y, en simultáneo, un paquete fiscal ajustado en pulseadas con jefes provinciales. Esas tratativas proyectan para los próximos días el inicio de una verdadera prueba legislativa, que si es coronada expondría una lectura más realista que las cargas sobre el Congreso después del fracaso inicial de la Ley Ómnibus. Parece claro que semejantes proyectos demandan acuerdos previos y sólidos, al revés de lo sucedido en febrero, cuando se llegó al recinto de Diputados con artículos a medio discutir por el desmanejo oficialista. Es un test político, en el contrapunto entre pragmatismo y nuevas expresiones de ideologismo cerrado por parte del Gobierno.
Los avances son señalados, con matices, por fuentes del Gobierno y de gobernadores de la UCR y el PRO, que conservan la marca de JxC para darle potencia de bloque a las conversaciones con los representantes del Ejecutivo. Quedan por ser resueltos puntos centrales para las provincias, como los alcances de Ganancias y la real posibilidad de reactivar algunas obras públicas, y también el articulado preciso de las reformas incluidas en el proyecto, con agregado de la “modernización” laboral. El lunes o martes comenzarían a circular borradores más avanzados, con la expectativa de llegar al recinto de Diputados en la segunda quincena de abril si todo va bien.
También la semana incluyó nuevas y básicas señales de endurecimiento de la “narrativa” oficialista, como entrega de discurso e imagen. Esto último fue difundido como postal de la Casa Rosada: un acto para rebautizar otro salón. En este caso, pasó de Pueblo Originarios a Héroes de Malvinas. Hace un mes, el cambio había sido de Salón de las Mujeres a Salón de los Próceres. En esta rudimentaria “batalla cultural”, se exponen en los dos casos definiciones antitéticas. Y se lo hace con cálculo político menor: alimentar una recreada versión de la grieta, que busca sostener al kirchnerismo -que lo celebra– como contracara.
No fue el único dato que dejó la conmemoración de la guerra de Malvinas. Más fuerte resultó una poco clara -en sentido práctico- pero inquietante referencia de Javier Milei al lugar de las Fuerzas Armadas como “testigo” del sentido fundacional con que el Gobierno viste la convocatoria al Pacto de Mayo. Rozó de ese modo un tema que sobrepasa por mucho la idea de una mejor y moderna concepción del papel militar y de un extemporáneo llamado a “reconciliación” con la sociedad y con la política.
De hecho, resultó al menos llamativo el giro que supone ese protagonismo político. De otro modo, podría rearmar un debate que parece saldado pero que -también de manera llamativa, con otra mirada- fue insinuado en la etapa de CFK, con César Milani y una recreada idea del papel militar en el “proyecto nacional y popular”. Fue ruido de un instante.
En cualquier caso, nada de eso tiene que ver con la reivindicación de los veteranos de Malvinas -bastante maltratados en la práctica diaria, más allá de los actos del 2 de Abril-, junto a la necesaria diferenciación con la maniobra doméstica que intentó la dictadura y las responsabilidades de los jefes, algunos de ellos juzgados y luego indultados. El informe Rattenbach queda como elemento de peso para la reconstrucción histórica.
Algunos de los gestos en la competencia “narrativa” son explicados por la referida apuesta a la disputa como grieta. Otra interpretación, posible, incluye ese juego como parte de la necesidad política de marcar agenda -mediática, en redes sociales- en el contexto de la crisis y con la mirada puesta en un repunte económico a partir de mediados de año, en los números y en la percepción social.
Las negociaciones por el pacto político pueden ocupar un lugar en ese imaginario, pero podrían superar ese cálculo. Por supuesto, si finalmente el acuerdo es sellado y traducido en el Congreso, el Gobierno podría mirarse en un espejo diferente al que exponía la combinación del fracaso de la Ley Ómnibus, la ofensiva de Milei sobre el Congreso -con insultos incluidos-, la judicialización creciente de medidas oficiales -desde la reforma laboral a los recortes de fondos a las provincias-, el jaque al mega DNU y las internas del propio oficialismo, en primer lugar con Victoria Villarruel.
El Gobierno prefirió restarle valor a esa sucesión de hechos políticos, pero las señales que llegaban desde el frente externo, y no sólo del mundo de las finanzas, habrían tenido su impacto. Como sea, pareciera que los contactos reservados y, después, las tratativas más publicas también atendieron ese costado del tablero.
El Gobierno y la oposición “dialoguista” rechazan en público el concepto de toma y daca, en su versión más despectiva, como parte del juego de la “casta”. De todos modos, puede que haya una lectura realista de la política trastocada por la irrupción de Milei, pero sin desconocer -por concepción o necesidad- los límites de los intentos más hegemónicos.
Algunos de los puntos en discusión en este tramo decisivo de las negociaciones venían asomando en encuentros con jefes provinciales y en reuniones de bloques regionales. Un ejemplo señalado en estas horas: la demanda de retomar obras públicas avanzadas o con financiamiento externo, en algunos casos, con esas dos características.
Lo pudo comprobar personalmente Guillermo Francos, pieza central de las conversaciones, acompañado por Nicolás Posse. Se lo planteó la decena de gobernadores que integran el Norte Grande. Ya había llegado el mensaje del heterogéneo frente patagónico, activo además frente a recortes de fondos. Y volvió a estar en la mesa, esta semana, en la reunión con JxC, es decir, nueve provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En esa vereda, se mezclan evaluaciones positivas y cautela. Transmiten voluntad de ampliar el temario a temas como la reforma laboral y aguardan respuesta en estas horas sobre una versión “aceptable” -para el conjunto de jefes provinciales, con miradas disímiles- sobre los alcances de Ganancias sobre ingresos. Operan en contra movidas como el freno a transferencias para cajas de jubilaciones, en proceso de reconsideración, según se hizo trascender antes de la cita formal con los gobernadores de la UCR y el PRO.
El tejido con los jefes provinciales no es sencillo. Y va en paralelo con las tratativas que involucran a jefes legislativos de la oposición. En esta época de fragmentación política, no hay jefes que garanticen votaciones. Eso corre también para el peronismo, que hasta ahora contuvo sus fisuras, en buena medida gracias al marco de dura confrontación con el oficialismo. Se verá qué pasa con algunos gobernadores y legisladores del PJ si es coronado el pacto político y de alivio fiscal para las provincias con otros espacios de oposición. Ese podría ser, a la vez, un mensaje para el oficialismo sobre los diferentes y contradictorios efectos del pragmatismo y de la batalla narrativa en blanco y negro.