El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial un decreto del presidente Javier Milei, que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias por hasta $400.000 millones. Se trata de fondos que corresponden a las propias jurisdicciones, pero que serán girados de manera anticipada para cubrir necesidades financieras inmediatas y deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.
La medida se da en un contexto de deterioro de los ingresos provinciales. Según estimaciones de la consultora Politikon Chaco, en el primer trimestre del año las transferencias automáticas registraron una caída real de 6,4%. En paralelo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que la coparticipación mostró un retroceso de 7% interanual en marzo, mientras que los recursos propios también evidencian contracción.
El esquema de adelanto de coparticipación fija una tasa de 15% para esos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado, donde el financiamiento para provincias se ubica entre 30% y 45%. El objetivo del Gobierno es tener margen de negociación con gobernadores aliados, al evitar que recurran a un endeudamiento más costoso para afrontar gastos corrientes.
El nuevo régimen reemplaza el esquema tradicional de pedidos mensuales de adelantos extraordinarios. En esta modalidad, las provincias informaban previamente sus necesidades y el Gobierno definía los montos en función de su participación en la masa coparticipable y su capacidad de repago.
Cómo funcionan los adelantos de coparticipación
El adelanto de coparticipación no es una herramienta nueva. Históricamente, las provincias recurrieron a este tipo de asistencia para ordenar sus cuentas en momentos de tensión financiera. La diferencia ahora es que el Gobierno busca sistematizar el mecanismo y establecer un tope global.
El decreto contempla un límite de hasta $400.000 millones para el conjunto de las jurisdicciones alcanzadas. Según el texto del decreto, el monto específico para cada provincia no está definido en la norma, ya que será la Secretaría de Hacienda la encargada de asignarlo según la capacidad de repago de cada jurisdicción, en función de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.
Según se detalla en los considerandos, la decisión responde a que varias provincias manifestaron estar “impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes”, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.
Los fondos corresponden a recursos que las provincias reciben por ley a través de la coparticipación federal. Al anticiparlos, el Estado nacional otorga liquidez, pero reduce los envíos futuros, lo que obliga a las administraciones a ordenar sus cuentas dentro del mismo año.
Las provincias alcanzadas
De acuerdo con lo informado oficialmente, el esquema de adelanto de coparticipación incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026.
Se trata, en su mayoría, de provincias con alta dependencia de los recursos de origen nacional. Además, la caída de la recaudación reduce la capacidad de pago de salarios en sectores clave como educación, salud y seguridad, que concentran entre el 70% y el 80% del gasto provincial.
En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, por lo que acumuló tres meses consecutivos en descenso.
En ese contexto, el adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez de las provincias en el corto plazo, en medio de una caída persistente de los ingresos.