El Gobierno posterga la definición sobre las vacantes en la Corte Suprema, juzgados, fiscalías y defensorías del pueblo. Según pudo saber TN, el proceso comenzará a reactivarse después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo realizó un anuncio para informar el envío de los cargos disponibles en la Justicia. Sin embargo, aquellos documentos nunca llegaron al Senado, encargado de aprobarlos.
Por otro lado, mandó por separado los pliegos de la Corte, donde propuso a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros. Esa discusión tampoco tuvo éxito: la Cámara Alta, con mayoría del kirchnerismo, votó en contra.
El detalle de las vacantes en la Justicia y la estrategia del oficialismo
Según información del Consejo de la Magistratura, existen 184 vacantes en los juzgados federales, más los 127 de otras competencias.
En el caso de los fiscales, hay 161 cargos disponibles, mientras que para los defensores hay 80.
En este contexto, hay integrantes del Poder Judicial que deslizaron la necesidad de darle un cierre a estos pliegos para acelerar los procesos. Pero, en el Gobierno, no definen estas vacantes para poder negociar con la oposición y gobernadores dialoguistas los próximos candidatos de la Corte.
Esta estrategia se da por la mayoría que tiene el kirchnerismo en el Senado. Este bloque puede conseguir los dos tercios necesarios para que cualquier iniciativa del Gobierno, con respecto a la Corte, fracase.
No obstante, en Casa Rosada no descartan la posibilidad de proponer la ampliación del máximo tribunal. Si bien el oficialismo no apoyó ningún proyecto que se presentó en el Congreso, sí sostiene que la Corte tiene que “tener más miembros para ser más representativa”.
Es por eso que no son mal vistas las ideas que buscan que haya siete o nueve cortesanos. De esta manera, el Ejecutivo podría negociar con la oposición distintos cargos y eludir le peso de la mayoría kirchnerista.
Las personas a cargo de estas estrategias en el área judicial son Santiago Caputo, asesor presidencial, y Sebastián Amerio, secretario de Justicia.
Ambos funcionarios no solo miran con atención la situación de la Corte, sino que también siguen de cerca la negociación por el Procurador General de la Nación. Actualmente, ese lugar lo ocupa de manera interina Eduardo Casal, que asumió luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.
Luego del comienzo progresivo del nuevo Sistema Acusatorio -que determina que la investigación de las causas recae en los fiscales y no en los jueces-, ese cargo comenzó a tomar más relevancia a la hora de negociar.