El Gobierno quiere congelar los sueldos del personal jerárquico para evitar que cobren más que Javier Milei. Según pudo saber TN, el Ejecutivo quiere fijar un tope salarial de 20 salarios mínimos vitales y móviles -hoy serían $4.056.000- para los presidentes de los tres poderes del Estado y busca establecer que el resto de los funcionarios esté por debajo.
La Casa Rosada quiere impulsar además que perciban los mismos aumentos de los haberes previsionales y no puedan modificarse el sueldo de forma arbitraria.
Un funcionario le expresó a TN: “La idea es regularizar las escalas de los sueldos del Estado en los tres poderes y proponerlo dentro de la ley anticasta. No puede ser que un secretario cobre más que el Presidente y que otros poderes se aumenten lo que quieran”.
Se trata de un proyecto de la diputada del PRO Silvia Lospennato que está terminando de pulir la mesa técnica del Gobierno, que está integrada por el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger; el vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El Gobierno quiere impulsar una cláusula transitoria que congele los sueldos jerárquicos que estén por encima de los 20 SMVM ($4.056.000). Se trata de la cantidad que más se acerca al sueldo de Milei ($4.068.378,23), según el último retroceso del aumento de febrero.
La norma aplicaría para la vicepresidenta, ministros, secretarios, subsecretarios, diputados, senadores, jueces de la Corte Suprema, el Defensor del Pueblo, el presidente de la Auditoría General, el Procurador General de la Nación, el Defensor General de la Nación, los consejeros de la Magistratura, entre otros.
“ARTÍCULO 4°. CLÁUSULA TRANSITORIA. La remuneración bruta mensual de los sujetos individualizados en el artículo 1° solo podrá ser aumentada una vez que la misma cumpla con el tope previsto por el Artículo 2°”, expresa.
El proyecto establece además que no puede haber una diferencia menor al 10% entre los funcionarios con sueldos jerárquicos y los que siguen en la escala de remuneración estatal. “No puede ser que directores de empresas públicas financiadas por el fisco cobren lo mismo o más que el presidente, el costo es distinto”, expresó a TN un funcionario.
El Ejecutivo todavía no tiene previsto el detalle de las escalas, pero reconoce que debería realizarse en la reglamentación de la ley, en caso de que se apruebe. Concibe además que se trata de una propuesta con alto riesgo de judicialización.
En los fundamentos del proyecto, Lospennato expresa: “Los salarios de los altos funcionarios de los poderes del Estado comparados con el Salario Mínimo Vital y Móvil representan una innegable brecha salarial entre estos y el resto de la población; generando una situación de injusticia e inequidad incompatible con los principios rectores de nuestro Estado de derecho que es imperioso eliminar”.
Además, agrega que lo central es “establecer que los salarios de los sujetos destinatarios de la norma se actualizarán de acuerdo a la fórmula de movilidad del régimen de reparto vigente”. Manifiesta también que “permitirá morigerar la caída real de los salarios, teniendo en cuenta el deterioro en términos reales por efecto de la inflación”.
Es por eso que propone establecer que “la remuneración bruta mensual de los cargos jerárquicos sea actualizada con la fórmula de movilidad previsional del régimen de reparto”. La línea del Ejecutivo es que la fórmula esté ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta que se proponga la reforma previsional de fondo.
Las otras reformas que irían dentro de la Ley Anticasta
Javier Milei anunció el envío de la ley el 1° de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: “Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes ‘anticasta’”.
Esta contiene la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente junto con la prohibición de la presentación a elecciones nacionales de personas condenadas por corrupción en segunda instancia y la pérdida de beneficios de exfuncionarios con condenas firmes.
Impulsa además la penalización por ley al presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten “aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria” con sanción similar a un delito de lesa humanidad.
Contiene también la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, de forma que tendrían que sustentarse con aportes voluntarios, e impulsa la reducción de los contratos de los asesores de diputados y senadores y la pérdida de privilegio para el estacionamiento. Este punto ya generó un choque en el oficialismo con las designaciones de los familiares de la senadora de La Libertad Avanza Vilma Bedia en el Senado.
Otro de los puntos de la ley “anticasta” que el Gobierno enviará al Congreso es la obligatoriedad de que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitaría sus mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección.
Plantea además que los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa primen sobre los convenios colectivos del sector y el descuento de la jornada de sueldo a los empleados que hagan paro. El Ejecutivo considera el primer punto como fundamental para “sanear” las empresas públicas y potenciar su privatización.