El Gobierno quiere modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y subir la edad jubilatoria de las mujeres. El Ejecutivo quiere avanzar con una reforma laboral ampliada junto con una reestructuración del sistema previsional.
Se trata de los primeros puntos que la Casa Rosada quiere tratar en el Consejo de Mayo, que fue creado por decreto esta semana y será presidido por el jefe de gabinete, Guillermo Francos. El oficialismo quiere que lo integren representantes de Diputados, Senado, CGT y el Grupo de los Seis.
La mesa chica de Balcarce 50 sostiene que el sistema previsional no es sostenible y apunta contra la estructura de la recaudación. Quiere reducir el número de jubilados y aumentar la formalidad laboral para que más gente pague los aportes.
“Afecta bastante a las cuentas que las mujeres se jubilen a los 60. Es una cuenta que quedó vieja porque hoy la gente vive hasta los 90 años y representa un gasto más grande que hace treinta años. Nuestro ideal es unificar la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres a los 75 años”, expresó a TN un funcionario cercano al presidente.
La mesa técnica del Ejecutivo quiere además establecer la posibilidad de optar por un sistema jubilatorio privado, como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
El Gobierno había incluido esta reforma en los puntos del Pacto de Mayo que estaba previsto para el 25, pero lo modificó para el 9 de Julio. Milei habló de modificaciones previsionales que permitan “suscribirse a un sistema privado de jubilación” en la apertura de sesiones ordinarias en marzo.
Quedó finalmente en el punto 9 una “reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”. El oficialismo tampoco pudo pasar por el Senado la totalidad de los artículos que modificaban el régimen jubilatorio.
En Balcarce 50 ponen la mira en la reducción del financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que significaría la reforma y reconocen que deberán aumentar los apoyos legislativos para impulsarla.
El Gobierno busca avanzar además con una reforma laboral ampliada que modifique la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) e incluya los puntos del DNU 70/2023 que dejó sin vigencia la Justicia laboral y no fueron incluidos en la Ley Bases que fue sancionada a fines de junio.
Se trata de la optatividad del pago de la cuota solidaria de los sindicatos, la prohibición de los bloqueos sindicales a empresas y la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos. Incluye también la limitación al derecho a huelga y la declaración de la educación como servicio esencial.
“Queremos establecer un sistema de acuerdo entre privados en el que no se meta ninguna tercera parte. La idea también es que haya más gente en blanco, lo que también le conviene a los sindicatos”, expresó a TN un funcionario.
La Casa Rosada busca establecer un diálogo más fluido con la Confederación General del Trabajo (CGT) a través del secretario de Trabajo, Julio Cordero, pero la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias elevó las tensiones.