Luego de una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, el guardiacárcel Lucas Eduardo Gaitán Soraire recuperó su libertad bajo medidas de conducta tras haber sido acusado de homicidio y tentativa de homicidio por un violento episodio ocurrido en la zona del Parque Guillermina. El caso sigue abierto y, en los próximos meses, el Ministerio Público Fiscal deberá reunir más pruebas para determinar si la causa avanza hacia un juicio oral o si el imputado queda exonerado de los cargos.
El agente del Servicio Penitenciario es señalado como el responsable de la muerte de Nelson Lautaro Pérez, de 20 años, y de haber herido de bala a V.I.M., un adolescente de 15, al intervenir en el asalto contra un sacerdote.
El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien imputó a Gaitán Soraire por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado, bajo la figura de exceso en la legítima defensa. Sin embargo, el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió otorgarle la libertad, tras considerar los argumentos de la defensa.
El hecho ocurrió el pasado martes a las 7 de la mañana, en la calle San Martín al 3.800. Según la reconstrucción de la fiscalía, tres jóvenes a bordo de una motocicleta interceptaron al sacerdote José Abuín y le sustrajeron su bicicleta. La víctima del asalto declaró que, si bien no vio que los ladrones exhibieran un arma, uno de ellos realizó un gesto amenazante, como si llevara un objeto oculto.
En ese contexto, Gaitán Soraire, quien se encontraba en una vivienda cercana, observó la escena y decidió intervenir. Tomó su motocicleta y persiguió a los jóvenes, identificándose como policía, según testigos. Los sospechosos abandonaron la bicicleta y emprendieron la fuga, momento en el que el imputado efectuó al menos dos disparos con una pistola que, según la fiscalía, portaba sin autorización legal.
Uno de los proyectiles impactó en Pérez, quien falleció minutos después en plena vía pública, mientras que otro alcanzó al adolescente V.I.M., que logró escapar y fue internado en el Hospital Padilla, donde permanece fuera de peligro.
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández argumentó que la intervención de Gaitán Soraire fue desproporcionada y que su accionar excedió los límites de la legítima defensa. “No hay ningún elemento que permita sostener que los sospechosos exhibieron un arma de fuego ni que lo apuntaron. Los agresores ya habían descartado la bicicleta y estaban huyendo. No había una amenaza directa que justificara el uso de la fuerza letal”, explicó.
El abogado defensor, Javier Lobo Aragón, rechazó esta postura y justificó la reacción del guardiacárcel, señalando que actuó conforme a su deber y en un contexto de peligro inminente. “Mi defendido fue testigo de un robo y escuchó disparos. Actuó como cualquier miembro de la Fuerza de Seguridad lo haría. Hoy está detenido por haber hecho lo correcto”, afirmó.
Por su parte, el propio Gaitán Soraire expresó su versión de los hechos y aseguró que nunca tuvo la intención de matar a nadie. “Fui instruido para servir y proteger. Si hubiera visto que uno de ellos se desplomaba, también le habría prestado asistencia”, declaró.
Pese a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, que pedía cuatro meses de arresto domiciliario para evitar cualquier intento de entorpecimiento de la investigación, el juez L’Erario Babot resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y otorgarle la libertad bajo normas de conducta.
Los querellantes, Manuel Pedernera (representante de la familia de Pérez), Atilio Juárez (por V.I.M.) y la defensora de Niñez, Luz Corbalán, habían solicitado que el acusado cumpliera prisión preventiva en una unidad penitenciaria, argumentando que existía un riesgo de fuga y de manipulación de testigos. No obstante, sus pedidos fueron rechazados.
El caso sigue abierto y, en los próximos meses, el Ministerio Público Fiscal deberá reunir más pruebas para determinar si la causa avanza hacia un juicio oral o si el imputado queda exonerado de los cargos. Entretanto, la resolución judicial reavivó el debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad y los límites del uso de la violencia en situaciones de inseguridad.
Este episodio ha provocado fuertes repercusiones en la opinión pública. Mientras algunos sectores defienden la actuación de Gaitán Soraire y sostienen que la justicia castiga a quienes intentan proteger a la ciudadanía, otros advierten sobre el peligro de que agentes de seguridad actúen por fuera de la legalidad y sin cumplir los protocolos establecidos.
El debate está planteado: ¿legítima defensa o exceso de violencia? La respuesta quedará en manos de la Justicia.
Fuente: Contexto