El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) , según surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
El funcionario designado en octubre para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió–, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami. Si se hubiera desprendido de esos activos no está consignado en ninguno de los registros oficiales donde debería figurar.
No es la primera vez que se relaciona a Vázquez con operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$ 442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En aquella ocasión, Vázquez no lo informó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas. Ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.
Los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.
Durante las últimas dos décadas, numerosos funcionarios afrontaron problemas judiciales por la presunta omisión maliciosa de bienes. Desde el expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA, Oscar Shuberoff –ambos fueron procesados, pero con los años terminaron beneficiados por la prescripción de la acción–, a Pablo Alejandro Brula, un exfuncionario de la AFIP acusado de ocultar su participación accionaria en una sociedad offshore detectada en los Pandora Papers. La Corte Suprema rechazó su recurso de queja y dejó firme su procesamiento, en septiembre pasado.
El periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, autor de la investigación, aseguró que procuró contactar a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre, a su correo electrónico personal y a través de un vocero de la AFIP, y se le enviaron preguntas concretas sobre su situación patrimonial, pero hasta el cierre de esta edición optó por no responder.
Vázquez, de 64 años, es funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (ahora renombrada ARCA) desde 1990. Fue referente clave durante años del área de inteligencia fiscal del organismo y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana del ente recaudador entre 2009 y 2016, según consignó en su propia cuenta de Linkedin, en la que no aparece una imagen de su rostro.
Su designación al frente de la DGI causó revuelo interno en el Gobierno: el decreto de nombramiento lo firmó el presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del trámite. Tampoco firmó la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, a quien Milei terminó por echar el 7 de este mes.
Mientras ya ejercía cargos jerárquicos en la AFIP, Vázquez tenía participación accionaria en Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, constituidas entre 2015 y 2016 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Al mismo tiempo la Justicia argentina mantenía abierta la investigación en su contra por sus presuntas cuentas en Curazao y Luxemburgo, pero no avanzaba con los exhortos que solicitaban la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para obtener datos del exterior.
Las compras inmobiliarias de Vázquez en Estados Unidos a través de sociedades del exterior comenzaron en enero de 2013, cuando adquirió dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Dos años después, compró un tercer departamento en Miami, adquirido por otra firma panameña, Pompeya Group Corp, según consta en los registros oficiales disponibles del condado Miami-Dade.
¿De qué propiedades se trata? El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo de alta categoría Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, el 10 de enero, esa compañía compró otro departamento, cerca de allí, aunque por un monto más bajo: desembolsó 350.000 dólares por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell.
Dos años y medio después, se registró otro movimiento en Estados Unidos. Pompeya Group Corp compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, según surge también de los registros oficiales del condado Miami. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, fue por 980.000 dólares, según consta en los registros consultados.
Después de la publicación global de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited, que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.
A partir de entonces, la serie de compañías y propiedades perduró estable por algo más de dos años y medio, cuando la primera de las sociedades, Alcorta Corp, se desprendió del inmueble más pequeño. Ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando vendió por 350.000 dólares la unidad 2811 del edificio ubicado en 1060 Brickell Avenue. ¿Su adquirente? Otra sociedad: 1390 Brickell 2811 Corp.
Tras esa venta, Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital (BVI), sociedad que mantuvo el control sobre Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (también de Panamá), manteniendo estas la titularidad sobre las dos propiedades –una cada una–, en Miami y Sunny Isles, en el estado de Florida, por un total cercano a 1.690.000 dólares. Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada.
Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. En la última disponible, correspondiente a 2023 y registrada en el sistema el 31 de octubre pasado, sí detalló que es titular de tres cuentas bancarias en Estados Unidos, con depósitos por un total inferior a los 3000 dólares, además de varias propiedades en la Argentina. Por otra parte, LA NACION no pudo corroborar si Vázquez lo declaró ante el fisco argentino, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.
¿Cómo se vincula Vázquez con el entramado de sociedades? En Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP, de la que luego se divorció–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022. En Galanthus Capital Limited, en tanto, Vázquez figura como único director de la sociedad creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) y abrió un legajo en el que constan una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, el mismo que obra en el pasaporte de Vázquez.
La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía que se conoce del rostro del funcionario y que LA NACION reproduce en esta investigación. Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.
Vázquez recurrió a Galanthus Capital Limited para administrar inmuebles en Estados Unidos que ya poseía a través de las dos sociedades comerciales constituidas en Panamá, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.
La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato. Identificado con el club Huracán, al que donó sumas pequeñas de dinero en 2011 para obras de infraestructura, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.
Vázquez registra un antecedente conflictivo con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante el fisco argentino sus cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y el fisco entre 2000 y 2009, a pesar de ser funcionario del propio organismo, según surge de la investigación que el actual titular de la DGI afrontó en la Argentina.
De ese expediente judicial surge, también, que la UIF había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de una unidad antilavado extranjera en 2005, según consta en un informe reservado de la Procelac. Pero resultó sobreseído el 15 de noviembre de 2022.
La causa se inició en 2011, cuando el juez en lo Criminal, Osvaldo Rappa, remitió a los tribunales de Comodoro Py los datos hallados sobre Vázquez en la “cueva” que el BNP Paribas operaba en el barrio porteño de Catalinas. Consideró que debían investigarlo en el fuero federal, dada su condición de funcionario público, confirmaron fuentes judiciales. También envió testimonios a la AFIP para que evaluara iniciar actuaciones administrativas.
El material proveniente del fuero ordinario tramitó por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, que estaba a cargo de Sergio Torres hasta que asumió como ministro de la Suprema Corte bonaerense. Hoy el juzgado 12 lo subroga Lijo. La causa en la que estuvo investigado Vázquez, número 8316/2011, afrontó varias dificultades. Entre ellas, la reticencia del Juzgado para solicitar datos a Luxemburgo mediante un exhorto. Vázquez negó ser el titular de esas cuentas bancarias y afirmó al ser indagado que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la AFIP contra el Grupo Clarín, ejecutado en septiembre de 2009, en plena ofensiva del gobierno kirchnerista contra esa empresa.
El 17 de noviembre de 2022, Lijo sobreseyó a Vázquez y a su hermana ante la “imposibilidad” de avanzar con la pesquisa. En otras palabras, no porque se haya comprobado que Vázquez no tuviera esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. Indagados y sobreseídos en 2018 por el juez Sergio Torres –decisión que la Cámara Federal revocó–, Lijo los volvió a sobreseer cuatro años después. La resolución quedó firme.
Un año después del fallo que lo sobreseyó en la Argentina, Vázquez declaró un amplio listado de activos en el país y en el extranjero, en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Precisó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un country–, además de 10,5 millones de pesos en efectivo y tres cuentas bancarias en Estados Unidos por 2,1 millones de pesos. Es decir, poco menos de 2700 dólares al tipo de cambio entonces vigente.
Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA. En esta última figura como vicepresidente la misma hermana con la que controló las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo. En ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en el Caribe ni a las propiedades en Estados Unidos. /La Nación