El Gobierno necesita el apoyo de los 38 diputados del PRO para lograr sostener el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso. Sin embargo, el espacio aún muestra dudas sobre cómo votará y es por eso que esta semana tendrá diversas reuniones para realizar un poroteo interno.
Este domingo, el titular del PRO, Mauricio Macri, escribió en sus redes sociales un mensaje en el que cuestionó la “falta de transparencia” en las universidades públicas y “la falta de presupuesto que se desvía hacia la política”. A pesar de ello, la administración libertaria sabe que aún no tiene todos los votos para cuidar el veto, sobre todo aquellos que no responden directamente al expresidente.
“Estamos en contacto permanente con Martín Menem y con el Gobierno”, dijo a TN una alta fuente del PRO. Además, este lunes habrá “varios encuentros entre los diputados para contar votos” y el martes será la reunión del bloque en la previa de la sesión del miércoles en la Cámara Baja.
El espacio que lidera Cristian Ritondo ya tiene su primer voto en contra del veto por parte del diputado Álvaro González. El legislador porteño es cercano a Horacio Rodríguez Larreta -que participó de la marcha federal universitaria- y también formó parte de la conferencia brindada por los bloques de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica a favor de la ley. “El Gobierno, en esta instancia, como en la de los jubilados, se aferra a un dogma en lugar de tratar de resolver una situación”, dijo González.
Para no perder el veto en la Cámara de Diputados, en el oficialismo indicaron que una de las posibilidades con respecto a los integrantes del PRO es que los que no estén de acuerdo con el decreto presidencial no se presenten en el recinto.
Algunos integrantes del PRO se expresaron en medio de las dudas por el veto
Este domingo, el diputado Diego Santilli llamó a apoyar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario: “Yo tengo la misma posición que hace dos meses (cuando la mayoría del bloque rechazó el proyecto). Acompañar lo que acompañamos, sostener el veto que fijó el Presidente. Es lo que fijamos antes”. En diálogo con Radio Rivadavia, destacó: “No puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano, hay que pararse en el lugar de la coherencia y la responsabilidad”.
Otro que se manifestó al respecto fue el legislador Fernando Iglesias, que dejó algunas reflexiones sin adelantar cómo será su voto el miércoles. “La discusión sobre el nivel salarial de los docentes universitarios es legítima, pero su recorte, menor al promedio de recortes en el resto del Estado, no debe disfrazarse de amenaza a la educación pública”, aseguró.
En tal sentido, afirmó que “subir sueldos y jubilaciones sin ningún tipo de previsión presupuestaria y sin aumento de la producción y la productividad es poner el carro delante del caballo”. Y agregó: “Es parte del modelo inflacionario que se aplicó durante 20 años y llevó a que la mitad de los argentinos sean pobres”.
“La universidad pública argentina necesita menos ‘defensores’ y más reformadores dispuestos a cambiar los paradigmas sobre los que se rige. Para lograrlo, la primera regla es no ceder a los chantajes demagógicos de quienes la han erigido a vaca sagrada porque viven de su ordeñe”, concluyó.
El jueves pasado el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el exmandatario, Mauricio Macri, se reunieron cerca de Casa Rosada en medio de la tensión. A pesar de que el encuentro habría sido positivo, no hubo definiciones ni acuerdos sobre cómo saldrá la votación.
El Gobierno también mira los movimientos de la UCR dialoguista
Además de los 38 diputados del PRO, el Gobierno quiere rescatar los votos de los diputados radicales que lo acompañaron durante el debate a la reforma jubilatoria. Al menos dos de los cinco legisladores votarían a favor del veto, aunque indican desde su entorno que no lo tienen del todo definido. En ese contexto, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, tiene el objetivo de conseguir que casi toda la bancada rechace el veto.
Los diputados mantienen la precaución sobre el asunto por el “costo político” que puede llegar a tener acompañar al Gobierno y que este no termine de conseguir los votos para blindar el veto a la ley.