Tras la reunión con Javier Milei, crece la preocupación entre los gobernadores. El Presidente descartó coparticipar el Impuesto al Cheque, que habían pedido los mandatarios provinciales, y avanzó con la propuesta de dar marcha atrás con la quita de Ganancias, pero también ratificó el fin de la obra pública. La idea es que las provincias se sumen al ajuste de gastos que impulsa La Libertad Avanza en las cuentas nacionales, pero no todos están dispuestos a pagar el costo político.
Si bien los intendentes suelen ser la primera trinchera ante la sociedad, los gobernadores también están en la primera línea de fuego. Por eso, se dan situaciones como las elecciones de este año, en donde LLA avanza no ganó ninguna gobernación ni intendencia, pero su líder llegó al sillón de Rivadavia. Lo saben los mandatarios provinciales y lo sabe también Milei.
Por eso, cuando los reclamos por los fondos que dejaron de recibir las provincias tras la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría se hicieron cada vez más potentes, el Presidente presionó a los gobernadores para que sean ellos los impulsores de la marcha atrás en la medida y los garantes de los votos con sus diputados y senadores provinciales. Los mandatarios peronistas lo rechazan y promovieron la iniciativa de coparticipar el Impuesto al Cheque. La propuesta fue descartada de plano por Milei.
Según pudo saber TN, el diálogo entre los mandatarios provinciales es constante, especialmente entre los que comparten el mismo signo político, ante la necesidad de coordinar estrategias. La experiencia la traen de la pandemia, cuando se creó la primera liga de gobernadores. Luego se sumaron la de los gobernadores del Norte Grande, la de los patagónicos y la de los de Juntos por el Cambio, cada una representando intereses comunes.
Las provincias ajustan en sintonía con Nación
Hay provincias como Formosa, La Rioja, Corrientes o Santiago del Estero que cubren más del 80% de sus gastos corrientes con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o recursos coparticipables. Solo para la Ciudad de Buenos Aires representan menos del 20%. La dependencia de esos recursos obligaron a los gobernadores a sentarse en la mesa con Milei y su ministro del Interior, Guillermo Francos, a plantear la situación crítica que proyectan, pero se llevaron la misma respuesta que todos: “No hay plata”.
Ahora, sin obra pública y con ATN recortados a su máximo posible, los gobernadores se debaten entre encarar un ajuste en las cuentas locales y atender los nuevos reclamos sociales. Si bien los cacerolazos más emblemáticos suelen darse en el centro porteño, en Plaza de Mayo o el Congreso, esta vez muchas capitales provinciales y localidades del interior fueron protagonistas y preocupa a los dirigentes locales.
Las diez provincias gobernadas por Juntos por el Cambio ya se plegaron al plan de ajuste, con recortes de gastos del Estado en línea con la propuesta de Milei para el Estado nacional. Algunas peronistas también se vieron obligadas a achicar las cuentas y otras monitorean el humor social para evaluar hasta dónde tienen margen para apretar los cinturones.
Todos saben que la marcha atrás en Ganancias no va a ser gratis y va a golpear a una parte de la clase media a la que la suba de prepagas y de combustibles y de las cuotas de colegios privados ya viene castigando o va a castigar en corto plazo.
Pero para algunos aliados a LLA, las últimas medidas impulsadas por el Gobierno también dan de lleno en sus estructuras productivas, como en el caso de Mendoza, alcanzada por las retenciones a las exportaciones vitivinícolas. Las proyecciones para el sector no son buenas, ante la certeza de que no podrán compensar con un mercado interno en caída, por el impacto de la inflación en los ingresos familiares.
En este contexto, la preocupación es creciente en las provincias, incluso en los gobernadores que coinciden con la mirada ideológica, social, política o económica del Presidente. Sin embargo, por el momento, todos los gobernadores esperan expectantes, abiertos al diálogo y ninguno se plantó en pie de guerra, incluso los peronistas. La idea es no trabar ningún canal de negociación posible y seguir de cerca si crecen o decantan los reclamos sociales.