El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó la intención del Gobierno Nacional de reformar el Código Penal para, entre otras cosas, declarar los delitos sexuales imprescriptibles. Como parte de su programa de gobierno, el presidente Javier Milei afirmó que buscaría implementar a una refirma del Código Penal.
Cúneo Libarona se hizo eco de un controversial fallo de la Corte Suprema de Justicia que sobreseyó al ex sacerdote Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusar de las seminaristas durante su tiempo como prefecto de disciplina en el Seminario Menor de Paraná, en Entre Ríos.
«Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de este tipo de delitos«, escribió el ministro en su cuenta de X.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron su prescripción, y levantaron la condena contra Ilarraz, ya que los hechos sucedieron entre 1985 y 1993 pero recién se denunciaron en 2012. Las víctimas, que al momento de denunciar a Ilarraz contaban con entre 33 y 37 años, aseguraron que los hechos sucedieron en el Seminario Arquidiocesano de Paraná. Aunque los jueces catalogaron los hechos como «aberrantes«, afirmaron que no podían catalogarse como «delitos de lesa humanidad«, que no tienen fecha de proscripción.
En su presentación, los jueces argumentaron: «Ilarraz ha sido sometido a un proceso y condenado por hechos que presuntamente ocurrieron entre 1988 y 1992, es decir, más de 19 años antes de la presentación de la denuncia penal y 32 años antes del dictado de la presente denuncia. Por lo tanto, considerando la norma legal aplicable, ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente que la acción penal en su contra está prescripta, cuanto menos, desde 2005».
Las siete víctimas de Ilarraz declararon que al momento de los hechos tenían entre 12 y 14 años y que la mayoría provenía de familias campesinas profundamente creyentes que los enviaron al Seminario bajo el plan de que se convirtieran en sacerdotes. Sin embargo, desde el máximo tribunal argentino sostuvieron que los hechos no encajaban dentro de los criterios internacionales para definir delitos sin prescripción.