Un complejo entramado de maniobras internas salió a la luz en una estación de servicio de Famaillá, donde los propietarios denunciaron a un grupo de empleados por presunta defraudación mediante el uso indebido del sistema de premios que la petrolera ofrece a sus clientes. La causa, que involucra cifras millonarias y presuntas operaciones ficticias, quedó en manos de la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros.
La investigación comenzó cuando la firma damnificada detectó graves inconsistencias en los registros de ventas asociados a la tarjeta promocional implementada en 2019. Este programa ofrecía a los consumidores un reintegro del 10% por cada carga de combustibles premium o por compras de productos dentro de la estación. La petrolera aportaba dos tercios del costo financiero y la estación el porcentaje restante, un incentivo que generó una amplia adhesión entre los usuarios.
De acuerdo con la denuncia presentada por el abogado Amancio Petray, la mecánica de la estafa habría sido ejecutada por los playeros encargados de cargar los datos de las operaciones: ellos informaban ventas inexistentes vinculándolas a tarjetas de clientes falsos, dudosos o directamente creados para ese fin. Luego, utilizando esos perfiles fraudulentos, retiraban el dinero acumulado como beneficio en cualquier estación de la misma petrolera.
El fraude salió a la superficie en febrero de 2025, cuando un informe enviado por la petrolera al gerente del establecimiento reveló diferencias marcadas entre el volumen real de combustible vendido y los reintegros generados por el sistema de premios. Esta alerta motivó una auditoría interna que confirmaría la magnitud del desvío.
Los responsables de la estación determinaron que entre enero de 2024 y la fecha de la denuncia se habían generado supuestas cargas por más de $ 24 millones asociadas a usuarios inexistentes, de los cuales se retiraron más de $ 19 millones en efectivo. Las planillas internas mostraron una desproporción evidente entre el combustible vendido y los montos reclamados.
La auditoría también identificó que los empleados sospechados habrían conformado cuatro grupos para ejecutar la maniobra, integrados por familiares, terceros desconocidos y hasta tres mujeres con el mismo apellido. Un patrón común se repetía en cada caso: la mayoría de las cargas figuraban realizadas de madrugada, en intervalos de tiempo mínimos, y por montos inferiores a $ 40.000, lo que habría servido para evitar disparar alertas automáticas.
En la denuncia se solicita investigar a unos 10 empleados que habrían ocasionado perjuicios económicos individuales que van desde los $ 700.000 hasta los $ 2,4 millones. Los propietarios aportaron documentación, registros y planillas para respaldar sus afirmaciones, mientras aguardan que la Fiscalía avance con las medidas necesarias para esclarecer el esquema.
La pesquisa apunta ahora a determinar la responsabilidad penal de los implicados y evaluar si esta modalidad podría haberse replicado en otras estaciones de la red. Entre tanto, los dueños de la firma estiman que el perjuicio total asciende a varios millones de pesos, en un caso que podría derivar en acusaciones por defraudación y asociación ilícita.