La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló hoy que el fallo «Muiña» con el que en 2017 la Corte Suprema intentó habilitar el cómputo del 2×1 para la conmutación de la pena de represores de la última dictadura militar «abrió las puertas de la libertad a los genocidas».
La referente el movimiento de Derechos Humanos fue la primera invitada en exponer como testigo en la Sala 1 del anexo de la Cámara baja donde se reunía la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que investiga el presunto mal desempeño de los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes junto a Elena Highton de Nolasco firmaron el polémico fallo del 2×1
De Carlotto leyó un documento en el que definió el fallo Muiña como un «intento de golpe a la lucha» de organismos de Derechos Humanos así como de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
«Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriendo las puertas de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como aquellos que gozaban de prisión domiciliaria», arrancó.
Según dijo, «el fallo desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados porque el resultado que propugnaron en Muiña, además de lo absurdo de la aplicación de la ley 24.390 (2×1)».
Sobre Highton de Nolasco, quien aportó el voto clave en el fallo sumándose al de Rosatti y Rosenkrantz, consideró que «de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos favoreciendo indiscriminadamente de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia a sabiendas de que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema indicaba lo contrario».
«Al mismo tiempo (los magistrados) subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y la reacción política de este Parlamento que en tiempo récord aprobó la ley interpretativa 27.632 consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente», siguió De Carlotto.
«No podemos dejar destacar que la inmensa mayoría de los tribunales inferiores de la Corte decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña con anterioridad a la aprobación de la ley contraviniendo como nunca antes de la historia judicial argentina una decisión suprema», subrayó.
Recordó que ante esa decisión, Rosatti y Highton de Nolasco «debieron volver sobre sus pasos echando mano a esa nueva ley», mientras que Rosenkrantz «se mantuvo en su voto, del mismo modo que Lorenzetti y Maqueda que ya habían desechado la aplicación de la ley 24.390».
«En síntesis podemos decir que entre febrero y marzo de 2017 la Corte Suprema pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en el 2004 primer generando un acortamiento de las obligaciones generales del Estado en materia de Derechos Humanos y su exigibilidad», resumió
De Carlotto no olvidó señalar «la lentitud de la tramitación de las causas que ya tienen sentencia, pero que aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza». «Al desentenderse de estas demoras, la Corte las consiente», dijo al respecto.
«Llegamos al extremo de la muerte de (Carlos Pedro) Blaquier en marzo como una expresión de impunidad amparada por la Corte y su pereza voluntaria, o los casos de los juicos por centros clandestinos de detención de la jurisdicción de La Plata, de los cuales ninguno se encuentra firme», puntualizó.
Para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, «jamás la Corte ha expresado una mínima directiva general para optimizar los juicios».
«Ni siquiera durante la pandemia sus acordadas brindaron una pauta clara para la tramitación de los juicios pese a los reclamos de los propios tribunales orales federales que no sabían cómo continuar los juicios iniciados», agregó.
Sumó a la lista de reclamos hacia la Corte la «inactividad de la comisión Interpoderes» que debe ser convocada por la presidencia del máximo tribunal con el fin de delinear los protocolos para acelerar la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
«Tampoco desde allí se implementó una política judicial o un mecanismo de consulta sincero a los organismos en el último tiempo», lamentó sobre la parálisis de la comisión Interpoderes, creada en 2009 como un espacio de intercambio entre los organismos de Derechos Humanos y las diferentes agencias del Estado abocadas a los juicios de lesa humanidad.
En este sentido, De Carlotto señaló que en mayo del 2020 Abuelas de Plaza de Mayo junto al CELS solicitaron la puesta en funcionamiento de la comisión para intentar hacer posible la reanudación de los juicios de lesa humanidad en el contexto de la pandemia Covid 19.
«De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que el ministro Rosenkrantz la convocó en octubre de 2020 en medio de un conflicto político con el Gobierno nacional, sabiendo que la reunión convocada no era más que una puesta de escena. Desde Abuelas decidimos no asistir a esa reunión», rememoró, y agregó que «Rosenkrantz no volvió convocarla y Rosatti al día de hoy tampoco lo ha hecho».