El ex líder mapuche Facundo Jones Huala aseguró desde la cárcel que «no existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos» sobre los delitos por los que fue condenado y remarcó que ante esa situación «tuvieron que inventar muchas cosas».
Jones Huala reconstruyó el recorrido de la causa que se abrió tras la presentación de su libro «Entre rejas, antipoesía incendiaria», en febrero de 2025.
El dirigente mapuche puso el foco en las acusaciones en su contra, su detención, la investigación encabezada por el fiscal Fernando Arrigo con la fiscal Ángela Pagano Mata y, sobre todo, en las razones que lo llevaron a aceptar un juicio abreviado.
«Yo había presentado un libro de poesía en la Biblioteca Popular Aimé Painé, en Bariloche, y di un discurso político con respecto a mi militancia, a mi hermano y a mi vida», recordó.
Según explicó, aquella intervención sobre la causa mapuche y su propia militancia terminó teniendo consecuencias penales que meses después derivaron en su detención.
También relató el momento en que fue detenido por la Policía Federal en El Bolsón y aseguró que todavía no existía una orden judicial.
«Yo fui detenido antes de que haya una orden judicial», afirmó.
Incluso sostuvo que integrantes del operativo le expresaron reparos: «El jefe del operativo me pidió disculpas y dijo: ‘Después de este operativo voy a renunciar porque esto es completamente injusto'».
Su abogado, Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, también cuestionó jurídicamente esa detención.
Explicó que la Policía Federal venía siguiendo y fotografiando a Jones Huala y conocía sus movimientos, pero que no había orden judicial ni una situación de flagrancia que, según la defensa, justificara detenerlo sin ella.
Franquet calificó el procedimiento como «absolutamente irregular».
Jones Huala contó que, tras permanecer en dependencias de la Policía Federal en Bariloche, fue trasladado a Rawson, a unos 800 kilómetros de su entorno familiar.
Recordó que al principio estuvo en un sector de aislamiento y que tuvo dificultades para comunicarse con su familia y sus abogados.
Jones Huala reconoció abiertamente su pertenencia a la RAM, pero sostuvo que eso no demostraba su responsabilidad penal en numerosos hechos concretos investigados.
«No existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos. Entonces tuvieron que inventar muchas cosas», afirmó en declaraciones al portal Sumario.com.ar.
En la entrevista negó en particular que existieran comunicaciones en las que apareciera impartiendo órdenes para cometer ataques.
Consultado sobre si la causa contenía escuchas en las que ordenara, por ejemplo, incendiar una vivienda, respondió: «Jamás. No existe eso, eso no pasa».
Aseguró además que durante el último período su papel había sido principalmente el de vocero público de la organización.
También sostuvo que algunos de los episodios que se intentaron vincular con la RAM ocurrieron mientras él estaba preso por otras causas.
En ese sentido señaló que terminó siendo responsabilizado por su pertenencia a la organización y por sus declaraciones públicas, no por una intervención material demostrada en ningún hecho.
«El solo hecho de ser parte de la organización, de reivindicarla, de haber hablado de la organización, es el delito», sintetizó sobre su lectura de la condena.
Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión mediante un juicio abreviado homologado el 16 de septiembre por el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla.
El acuerdo evitó que la causa llegara a juicio oral y, como parte del convenio, admitió haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche.
La sentencia se encuadró en el artículo 213 bis del Código Penal, referido a agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza.
La condena, sin embargo, no incluyó varias de las imputaciones más graves de la investigación inicial.
La causa había contemplado figuras vinculadas con intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita y apología del delito.
Jones Huala estaba detenido desde el 6 de junio de 2025 y, según el cálculo realizado en el proceso, agotaría la pena en agosto de 2030.
Para el dirigente mapuche, la posibilidad de enfrentar una pena muy superior si rechazaba el abreviado fue determinante.
«Era muy posible que llegando a un juicio oral y público terminara con condena sin prueba y sin testigos, sin nada, sin cosas reales», sostuvo.
Y ratificó que aceptó el juicio abreviado porque estaba convencido de que podía recibir una condena superior a los 15 años si decidía llegar al debate oral.
La negociación final tuvo participación directa del fiscal Fernando Arrigo.
Jones Huala recordó que mantuvo una conversación con él y la describió como cordial, aunque cuestionó la desigualdad que, a su entender, existía entre quien estaba detenido y quien encabezaba la acusación.
«Termina siendo como una negociación: esto sí, esto no; si no, vamos a juicio», relató.
Y agregó: «Terminan tomando la vida de las personas como un juego».
Según reconstruyeron el acusado y su defensa, en un principio se discutió una pena de cinco años y seis meses bajo la figura de asociación ilícita vinculada a una organización destinada a poner en peligro la vigencia de la Constitución.
Jones Huala rechazó esa calificación y finalmente se acordaron cinco años y dos meses bajo otra figura penal.
«Yo te acepto la cantidad de años, pero con otro artículo», recordó sobre aquella discusión.
Fue todavía más explícito sobre las concesiones que, según su versión, tuvo que hacer para cerrar el expediente.
«En el acuerdo con la Fiscalía hubo que aceptar incluso cosas que no eran ciertas», aseguró.
Como ejemplo, cuestionó afirmaciones sobre supuestos materiales de formación de la RAM y reiteró que reconocer su pertenencia a la organización no implicaba los hechos a los que se lo vincularon.
«Me hago cargo de mi identidad política, de mi militancia, de mis ideas», sostuvo.
Franquet llevó esa descripción al terreno jurídico y planteó que la alternativa entre aceptar una pena acordada o arriesgar una condena de 10 o 15 años convierte al juicio abreviado, en casos como este, en «una herramienta de extorsión».
«Yo no le voy a decir a nadie que arriesgue 10 o 15 años de su libertad confiando en que vamos a poder demostrar la inocencia», explicó.
Consultado el letrado sobre si seguía convencido de que Jones Huala podía haber sido condenado sin pruebas suficientes, respondió: «Absolutamente. Y Facundo también».
María Isabel Huala, madre del detenido, ubicó la causa dentro de una historia de conflictos que, según su interpretación, comenzó muchos años antes.
Relató procedimientos en la Argentina y Chile, cuestionó los operativos sobre su familia y sostuvo que la investigación abierta tras la presentación del libro constituye una nueva etapa de una persecución política vinculada con la militancia mapuche de su hijo.
La responsabilidad de Arrigo ocupa un lugar central en el planteo de la defensa porque, según Franquet, el fiscal encabezó la investigación, intervino personalmente en las conversaciones finales y participó de la firma del acuerdo.
Aunque la fiscal Pagano Mata llevó adelante buena parte de las audiencias y otros fiscales integraron el equipo, el abogado señaló a Arrigo como quien tuvo la dirección general del proceso acusatorio que terminó en el juicio abreviado.
Jones Huala cerró su testimonio reivindicando su identidad política, pero insistiendo en diferenciar sus ideas y su pertenencia a la RAM de la prueba necesaria para atribuir responsabilidades penales concretas.
«Yo tengo una condena por expresar mi ideología, por expresar mi militancia, por decir ‘yo soy esto'», afirmó.