Una denuncia en Famaillá por presuntos cohecho, extorsión y armado de causas que comprometerían al jefe de la comisaría local derivó en un allanamiento en el que la Justicia secuestró gran cantidad de pruebas. Entre ellas, más de $ 8 millones en efectivo que tenía en su casa el principal sospechoso.
Todo se inició luego de que la denunciante afirmara que los policías irrumpieron en su domicilio sin exhibir orden, exigieron millones de pesos para “arreglar la causa”, plantaron pruebas y retuvieron una pistola que le pertenecía y que estaba registrada. Un juez ordenó allanar la casa del comisario y secuestró dispositivos, dinero y documentación clave.
El caso comenzó la mañana del 6 de noviembre de 2024, cuando un grupo de policías de la comisaría de Famaillá irrumpió de manera violenta en una vivienda del barrio Nueva Baviera. La denunciante contó que los uniformados los obligaron a salir al patio y a un terreno vecino, sin exhibir jamás la orden judicial que supuestamente avalaba el operativo. Dentro de la casa quedaron su pareja y los hijos menores, bajo fuerte presión policial.
Según su relato, uno de los efectivos ingresó al baño, abrió una riñonera y manipuló un envoltorio, lo que generó el grito desesperado de su pareja denunciando que estaban “plantando algo”. La policía aseguró que buscaban a un tal “Pañal”, sospechoso de un hurto simple, pero los registros oficiales demostraron luego que el operativo en ese domicilio nunca estuvo vinculado a la detención del imputado, quien fue arrestado ese mismo día en otra dirección.
La mujer afirmó que los policías buscaban perfumes Natura y un termo Stanley rosa, elementos que ella negó poseer -salvo algunos productos usados, cuya compra podía acreditar-. Sin embargo, lo que siguió sería mucho más grave: según su denuncia, el comisario a cargo del operativo le exigió $ 5 millones para no complicar la situación procesal de su pareja, arrestado bajo el régimen de prisión domiciliaria por comercialización de estupefacientes, ya que se si veía implicado en otra causa podría perder ese beneficio. Ante su imposibilidad de conseguir esa suma de dinero, el comisario le habría exigido al menos tres millones e insinuado que su pareja “además debía vender droga para él”, según la denuncia.
La denunciante aseguró haber conseguido una parte del dinero y habérselo entregado directamente al comisario. Relató que una abogada revisó su vehículo para verificar la entrega y que, una vez dentro de la vivienda, el jefe policial tomó la caja con el dinero y la ocultó entre sus ropas. Fue también en ese momento cuando ella advirtió que su arma registrada -una Firestorm 380- desapareció del lugar.
Días después, con otra suma reunida, la mujer fue citada para encontrarse en la vía pública con el comisario, quien la esperó en un Fiat Cronos oscuro. Un testigo la acompañó y logró filmar parte de la escena. La fiscala Mónica García de Targa incorporó al expediente videos, audios, capturas de pantalla y registros electrónicos donde se observan no solo los movimientos policiales, sino también las indicaciones de la abogada y fragmentos en los que la denunciante señala directamente al jefe policial.
Un año después de la denuncia, el expediente llegó al despacho del juez Mario Velázquez, quien antes de analizar las pruebas advirtió un punto institucional: la requisitoria fiscal estaba firmada por un auxiliar fiscal. Señaló que la Constitución provincial prohíbe delegar atribuciones -“sin distingo alguno”, subrayó- y que dejaba esa constancia para resguardar su responsabilidad. Aclaró, sin embargo, que tal observación no implicaba cuestionamiento personal alguno.
Al evaluar la prueba, el juez consideró que existían elementos suficientes para sospechar de un posible delito cometido por el comisario. Concluyó que el requerimiento fiscal era “formalmente ajustado a derecho” y habilitó un allanamiento amplio en la vivienda del acusado, autorizando el secuestro de dispositivos electrónicos, teléfonos, documentación, vehículos, objetos personales y, especialmente, la pistola Firestorm perteneciente a la denunciante.
La medida se realizó en Concepción con intervención de la Policía Federal. Los agentes secuestraron dos notebooks, cinco teléfonos, un CPU LG, 12 pendrives, un DVR y una y más de $ 8 millones en efectivo. Aunque el objetivo principal era hallar la pistola registrada a nombre de la mujer, esta no fue encontrada en el domicilio.
Velázquez además dispuso librar un oficio a Whatsapp Inc., con domicilio en California, solicitando la entrega de un caudal masivo de información del usuario en cuestión de los teléfonos. Entre los datos requeridos no solo figuran los registros básicos del usuario, sino cruces de mensajes, incluyendo las direcciones IP utilizadas tanto para el inicio como para el cierre de sesión, junto con las fechas, horas y el huso horario correspondiente. El material fue remitido a la Unidad Fiscal para su análisis y peritaje. Tras el operativo, la causa avanza bajo la hipótesis de una posible red de corrupción policial. Hasta el momento, en el Ministerio de Seguridad de la provincia no hicieron declaraciones al respecto. /La Gaceta