El fiscal federal Ramiro González le propuso a la Cámara Nacional Electoral que se reimprima la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de LLA en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de los carteles de exhibición obligatoria que deben estar en los establecimientos el día de los comicios. El Correo será responsable de hacer llegar el material a las escuelas para no afectar la elección, remarcó el fiscal.
La Junta Electoral de Buenos Aires, integrada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla; el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo; y la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, no había hecho lugar a la petición de LLA que tiene un costo de siete millones de pesos.
En su escrito, el fiscal ante la Cámara tuvo en cuenta dos presentaciones de último momento.
Una de los apoderados de la Libertad Avanza que dijeron que en 24 horas podía imprimirse la cartelería informativa y otra del Correo que, bajo su responsabilidad, informó que se podía hacer llegar a las escuelas ese material sin afectar el trabajo ya hecho por la Junta Electoral.
En esas condiciones, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, dijo Ramiro González.
En el dictamen, el fiscal federal fue cauto para no afectar el calendario electoral tan avanzado. Apuntó que “a criterio de esta Fiscalía, el trabajo que viene desarrollando y, prácticamente, ha finalizado la Junta Electoral del distrito debe de culminarse.
Luego, adicionalmente, deberá revisar los afiches nuevos y entregárselos al Correo para que realice una nueva distribución que, en el informe ya citado, sostuvo que podía distribuir sin desandar el trabajo ya finalizado”.
Qué dice el Código Electoral
Como la Boleta Única Papel, solo lleva la foto de los dos candidatos/as cabeza de lista y los nombres de los primeros cinco, la ley electoral tiene previsto que para información de los electores “Las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación, cuarto oscuro, centros de votación y/o cualquier otro espacio destinado a tal fin”.
Luego de perder el pedido de reimpresión de la Boleta Única, los apoderados de la Libertad Avanza plantearon a la justicia electoral que, al menos, esa cartelería informativa fuera reimpresa con la lista oficializada luego de que el máximo tribunal electoral dejara a Santilli como primer candidato y mandara a reordenar la lista subiendo a todos los varones una posición.
Los riesgos a cuenta del Correo y los apoderados de LLA
El fiscal dejó claro que si bien los funcionarios electorales tenían que controlar los nuevos afiches de la oferta completa, el proceso de distribución de la Junta Electoral no podía paralizare a la espera de las nuevas fotografías. La responsabilidad de llegar a tiempo sería de LLA, las imprentas y el Correo. Ante algún inconveniente, el proceso seguiría adelante.
Por otra parte, el fiscal dejó claro que tener una BUP distinta a la cartelería informativa, podía ser confuso y que si bien el pedido de La Libertad Avanza no afectaba a ninguna fuerza competidora, descartaba que los apoderados que pidieron la reimpresión de los carteles, habían hecho su evaluación jurídica y política sobre las probables consecuencias.
En la presentación dijo que “en tanto no se afecta en modo alguno a las otras agrupaciones participantes de la contienda, es posible afirmar que los apoderados de la Libertad Avanza, bien pueden advertir en ese margen de interpretación subjetiva por el que responden, que la existencia de una BUP distinta a la cartelería de exhibición no tiene la probabilidad de producir confusiones, en particular, al electorado que su agrupación pretende representar”.
El fiscal ante la Cámara Electoral aclaró que no era posible, frente a la primera experiencia nacional con el instrumento electoral, analizar -en términos cualitativos o cuantitativos-, la influencia de la cartelería adicional como contribución al voto informado y sostuvo que ese análisis era a riesgo de los apoderados que pedían la reimpresión.
A la fuerza política le corresponde analizar “el saldo que la ecuación pueda arrojar”, dijo el fiscal. Pero consideró que “todo aquello que sirva para brindar información certera al elector debe ser considerado y, si es posible de realizar como en el caso, avalar el emprendimiento”.