El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, a través de su Comisión de Emergencia Ambiental, solicitó al municipio mayores precisiones sobre el proceso de compactación de vehículos realizado a comienzos de 2025, luego de detectar posibles incongruencias en los informes oficiales emitidos por distintas dependencias del Ejecutivo. La administración capitalina, encabezada por Rossana Chahla, aseguró que toda la documentación se encuentra disponible para su consulta en el edificio de Lavalle y 9 de Julio.
El reclamo fue formalizado por el comité que preside el radical Leandro Argañaraz, encargado de supervisar los informes trimestrales del municipio en el marco de la emergencia ambiental. En el documento correspondiente al período febrero-abril, el municipio destacó la compactación de vehículos en desuso como parte de su política de gestión ambiental, con el propósito de garantizar una adecuada disposición final de unidades que ya no pueden ser utilizadas. Allí se aclaró que la mayoría de los automotores destruidos eran propiedad del municipio, mientras que otros correspondían a vehículos secuestrados por la Dirección de Tránsito, en su mayoría motocicletas.
Sin embargo, el tema generó controversias dentro del Concejo. A propuesta de la concejal Ana González (alfarista), la comisión pidió un listado identificatorio de los rodados, con número de dominio, copias de los expedientes administrativos, autorizaciones de baja y otros documentos complementarios. La Municipalidad respondió con dos informes técnicos: uno firmado por Sebastián Ruiz Toscano (secretario de Economía y Hacienda) y Marcelo Albaca (contador general), y otro por Benjamín Nieva (secretario de Movilidad Urbana).
El primero de los informes detalla que se compactaron 15 vehículos —dos camionetas, doce motocicletas y una motoniveladora— e incluye modelo y dominio de cada uno. También precisa que la compactación fue realizada por una empresa contratada directamente, sin convenio con la Provincia, y que el monto obtenido por el material reciclado asciende a $627.000, suma que se incorporará a Rentas Generales.
En cambio, el documento presentado por Nieva sostiene que la Secretaría de Movilidad Urbana no ordenó ningún procedimiento de compactación de vehículos provenientes de secuestros, ni emitió actos administrativos que los declararan en estado de chatarra. Esta divergencia generó suspicacias en la comisión, que remitió una nueva observación al Ejecutivo, solicitando que se ratifique o rectifique si hubo vehículos de terceros incluidos en el proceso, y que se envíen copias íntegras de los expedientes de baja.
La edil González cuestionó duramente la falta de coherencia entre los informes, asegurando que “esto carece de transparencia; estamos hablando de bienes públicos de los vecinos”, y reclamó que los funcionarios “sean serios al emitir los informes”.
Consultado al respecto, Marcelo Albaca explicó que el operativo se realizó únicamente sobre bienes municipales dados de baja, y detalló el proceso seguido: un auditor mecánico certificó la irrecuperabilidad de los vehículos, lo que habilitó su destrucción. Señaló además que durante el operativo se contó con la colaboración técnica de la División de Compactación del Ministerio de Seguridad, sin mediar convenio formal.
Albaca agregó que el procedimiento se ejecutó conforme a la ordenanza N° 570 de Contabilidad, que regula la enajenación de bienes públicos. “Por el valor estimado, la venta pudo ser realizada por un director o secretario. Si superara los $ 4 millones, debería intervenir el intendente por decreto”, explicó.
Finalmente, el contador general recordó que los expedientes están disponibles para su revisión pública y que los concejales pueden acceder a ellos en cualquier momento. Pese a las aclaraciones, la comisión legislativa mantiene su pedido formal de documentación completa para verificar la transparencia del proceso y despejar dudas sobre la posible inclusión de vehículos privados entre los bienes compactados.