En un fundado dictamen que sirvió para el llamado a indagatoria del miércoles próximo de Diego Spagnuolo, el fiscal Franco Picardi revela la existencia del “grupo Museo” dentro de la ANDIS, que direccionaba licitaciones públicas millonarias para la compra de medicamentos y prótesis a favor de un grupo de droguerías.
Pero, deliberadamente, el fiscal —en su dictamen de 280 páginas— esquiva como prueba el famoso audio de Spagnuolo en el que habla de una supuesta coima “del 3 por ciento para Karina Milei”. Cuando empezó la causa en septiembre de este año el fiscal habla de un circuito de coimas que llegaban a las máximas autoridades. Tampoco hace referencia alguna a Lule Menem.
No lo usa como prueba, pero sí cita un chat de los acusados que dice: “hay que llegar a Karina Milei”, y otro en el que rechaza un tambo como regalo y afirma que “con el 3 por ciento para Karina es suficiente”. Tampoco apunta contra la droguería Suizo Argentina, sino contra las droguerías Porfarma, Génesis y Floresta, entre otras. El “grupo Museo” es un grupo de contactos en WhatsApp.
Un audio con 18 cortes
El giro del fiscal, luego de tres meses de investigaciones bajo secreto de sumario y 40 allanamientos, puede deberse a que espera que la Cámara Federal porteña, en los próximos diez días, decrete la nulidad del audio como prueba o por lo menos pida un peritaje sobre su autenticidad. Se trata del audio difundido por el streaming Carnaval, que —según fuentes cercanas a Spagnuolo— “tiene 18 cortes, 5 intervenciones con inteligencia artificial y se le agregó ruido ambiente”, y sería “producto de una pinchadura telefónica”.
El «cerebro» de la organización condenado por explotación sexual
El dictamen de Picardi, al que accedió Clarín en fuentes judiciales, apunta principalmente a Miguel Ángel Calvete, quien en 2019 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Según fuentes políticas, Calvete fue “concejal de Cambiemos” en La Matanza antes de esa causa y es el «cerebro» de la organización.
La única referencia es un chat en el que Picardi escribió: “El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete insiste a su padre por Claudio de Ortopedia Alemana; su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que, si todo sale bien, le compra algo lindo: ‘una tambo, una granja, lo que quieras’. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: ‘No hace falta… con el 3% a KM está perfecto’”.
Lo cierto es que Picardi acusa a Calvete, Spagnuolo y otros 14 ex funcionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.
El primer pedido de indagatoria de Picardi, que Casanello aceptó, es en la causa caratulada “Denunciado: Milei Javier y otros s/ defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”, abierta por una denuncia del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón.
Se investiga el direccionamiento de contratos por 48 mil millones de pesos en la gestión de Spagnuolo, pero por los datos de la causa la maniobra venía de tiempo atrás. Al ex abogado de Javier Milei se le acusa de haber recibido 5 millones de pesos de Calvete, según un chat secuestrado en el celular de este último.
Fuentes cercanas a Spagnuolo dicen que “es raro que le den una coima de 5 millones por otros de 48 mil millones de pesos y la prueba sea un chat y una foto que estaba en el celular de Calvete, vaya uno a saber por qué razón”.
Las fuentes ponderaron el dictamen del fiscal, pero señalaron que tiene errores. Por ejemplo, la última visita de Spagnuolo a la caja de seguridad donde tenía 82 mil dólares es previa a su designación en la ANDIS.
En cuanto a las ganancias obtenidas por la organización con los contratos y sobreprecios, Picardi sostuvo que habían sido “ubicadas en terceras firmas y personas” que no guardan relación con el negocio de las droguerías. Y nombró a “Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, y las firmas vinculadas a este último —Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.—”, las que tendrían por objeto la movilización de fondos “tendientes a su blanqueo”.
«Todos nos vamos a Tenerife»
El fiscal también apunta contra el ex número dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, y otro ex funcionario del organismo de la época de Macri, llamado Pablo Atchabahian, quien habría empezado a gestionar su regreso con diversos sectores del arco político. De otra conversación extraída de los celulares secuestrados surge que Atchabahian dice: “Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. Cuatro años más de gestión. Después, todos a Tenerife”.
En el dictamen, Picardi tampoco acusa —por ahora— a la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker, aunque cita a Atchabahian diciendo: “Es importante tener gente con la bandera correcta”, acompañando dicha expresión con el emoji de la bandera de Suiza, en clara alusión a la firma Suizo Argentina S.A.
En definitiva, el dictamen del fiscal es contundente en cuanto a la organización que, con ex funcionarios y personas ajenas a la ANDIS, manejó licitaciones millonarias, pero por ahora no avanzó con la supuesta frase de Spagnuolo sobre la coima “del 3 por ciento para Karina”. Mientras tanto, el abogado defensor de del locuaz ex funcionario, Mauricio D’Alessandro, sostiene que el audio es “un fruto del árbol envenenado” para tratar de anular la causa. A esta altura, queda claro que el audio sirvió para abrir una investigación y descubrir esta mafia, pero no tiene valor como prueba para acusar a nadie.
Fuente: Clarín