Miles de peruanos, muchos de las regiones mineras del sur del país, marcharon en Lima exigiendo cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a las protestas contra el Gobierno que encabeza Dina Bouarte y que hoy dejaron otros dos fallecidos en el interior.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden marcan la peor violencia que vio Perú en más de dos décadas. Los habitantes de las regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre. Esta jornada fue denominada como «La toma de Lima».
En tanto, en Puno y Arequipa, otros dos manifestantes murieron en medio de los enfrentamientos con la policía, que incluyeron además intentos de tomas de aeropuertos en esas dos ciudades y también en Cusco.
Ya en horas de la noche, Boluarte dio un mensaje al país, en el cual intentó mostrarse fortalecida a pesar de la crisis, y dijo que su gobiero «está firme», y su gabinete «más unido que nunca».
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Lima emitió un comunicado, según el cual sigue «con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta, y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica».
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.
En la región sureña de Arequipa, la policía enfrentó con bombas lacrimógenas a cientos de manifestantes que intentaron tomar el aeropuerto, según la televisión local. El ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por Twitter la suspensión de las operaciones de ese terminal aéreo de manera preventiva.
En buses y a pie, miles han viajado a la capital portando banderas y pancartas criticando al Gobierno y a la policía por enfrentamientos mortales en las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho. Muchos exigen la dimisión de Boluarte.
Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la «Toma de Lima», y la policía anunció el despliegue de miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad, que el miércoles cumplió sin festejos sus 488 años de fundación.
En recientes protestas, los manifestantes han quemado sedes públicas y privadas y han atacado estaciones policiales en diferentes regiones del interior del país.
La Defensoría del Pueblo informó la muerte el jueves de una persona que resultó herida en una protesta el miércoles en Puno, que registra casi la mitad de todos los 44 fallecidos en enfrentamientos, incluido un policía. Otros nueve han muerto en accidentes relacionados a bloqueos por los conflictos.
Despliegue de fiscales
Los manifestantes marchaban por diferentes calles de Lima sin mayores incidentes, bajo la vigilancia policial, que ha calculado unas 3.500 personas.
Las muertes han sido un pararrayo en las protestas. Los manifestantes llevan pancartas llamando «asesina» a Boluarte y calificando como «masacres» las acciones de la policía.
En los distritos residenciales limeños de Miraflores y San Isidro, algunos negocios «tapiaron» con madera sus puertas y ventanas en previsión de ataques. El miércoles por la noche manifestantes arrojaron piedras a la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos.
El Ministerio Público anunció por Twitter el despliegue de 50 fiscales «para exhortar a los efectivos policiales a hacer uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones, e invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica».
Las protestas estallaron luego de la destitución y arresto el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En las protestas se pide también la liberación del exmandatario.
La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el Gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.
Si bien Boluarte ha pedido «perdón» por las muertes en las protestas, pero ha reafirmado que no va a renunciar.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuegos mortales en la protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.
Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días han sido albergados en la estatal Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la casa de estudios para apoyar las protestas.