Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años y considerado una promesa olímpica, fue ahorcado en Irán junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, tras haber sido detenido durante las protestas contra el Gobierno en enero.
Según medios oficiales, los tres hombres fueron acusados de asesinar a dos policías. Sin embargo, organizaciones humanitarias cuestionan la validez de esas acusaciones y denuncian el uso sistemático de la pena de muerte tras detenciones masivas.
De acuerdo a Amnistía Internacional y otros organismos, el proceso judicial no cumplió con garantías básicas: los acusados no tuvieron acceso a una defensa adecuada, fueron sometidos a procedimientos acelerados y las confesiones en su contra habrían sido obtenidas bajo coerción.
Las mismas fuentes señalan que Mohammadi fue arrestado en medio de la represión a las manifestaciones y posteriormente torturado para forzar una confesión. El cargo imputado fue el de “declarar la guerra a Dios”, uno de los delitos más graves en el sistema penal iraní y que contempla la pena de muerte.
El caso generó una fuerte reacción en el ámbito deportivo. La activista y atleta iraní Nima Far calificó la ejecución como un asesinato político y sostuvo que estas prácticas buscan disciplinar y silenciar a quienes se expresan contra el régimen.
Además, Far cuestionó la falta de medidas firmes por parte del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Lucha, y reclamó sanciones concretas, incluida la exclusión de Irán de competencias internacionales.
También pidió que cesen las ejecuciones de manifestantes y deportistas, que se libere a los detenidos en juicios irregulares y que se garantice la seguridad de quienes deciden manifestarse o abandonar el país.