El presidente Javier Milei oficializó este viernes un aumento de sueldos para sus ministros y funcionarios de alta jerarquía. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026.
Pese a que en los días previos se habló de una recomposición que podía oscilar entre el 60% y el 100%, la normativa no precisó los montos que comenzarán a percibir los funcionarios, cuyos haberes permanecían congelados desde diciembre de 2023.
Lo que sí dejó claro la medida es que el aumento de sueldo no alcanzará, ni al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y que la recomposición dispuesta no tendrá carácter retroactivo.
La adecuación salarial impactará sobre las remuneraciones de los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el Decreto N° 838/94 y sus modificatorias; sobre las autoridades superiores alcanzadas por el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria, así como por el Decreto N° 140/07; y sobre aquellos funcionarios que detenten rango y jerarquía equivalente.
El decreto incorporó, además, una cláusula de resguardo fiscal. Allí se estableció que “en caso de que la Administración Pública Nacional presente un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de las Autoridades Superiores referidas quedarán automáticamente congeladas y no podrán recibir incrementos mientras dicha situación persista”. Según se consignó, la finalidad de ese apartado es “reafirmar la importancia del superávit fiscal”.
En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que “resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.
Ese marco, añadieron las autoridades, “en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado”.
Relación entre sueldos del Gabinete y el superávit fiscal
La norma también señaló: “En consecuencia, teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta Administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional, sin comprometer la sostenibilidad fiscal”.
En esa misma línea, el decreto indicó: “El ordenamiento de las remuneraciones de las referidas Autoridades se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a la construcción de un Estado eficiente y profesional”.
Y agregó: “Dicho ordenamiento constituye una medida necesaria pero no aislada, y debe entenderse como parte de un proceso de transformación del Estado Nacional tendiente a dejar atrás un esquema de empleo público desarticulado, poco transparente y carente de incentivos adecuados”.
Actualmente, el presidente percibe un haber mensual de $4.066.018, mientras que la vicepresidenta cobra $3.764.820. Los ministros registran ingresos de $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.
En paralelo, el decreto instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a coordinar la puesta en marcha de un nuevo sistema de empleo público. Ese esquema estará basado en el mérito y en evaluaciones periódicas de desempeño, con el objetivo de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la administración.