El legislador Cano manifestó su preocupación por el proyecto del Poder Ejecutivo que busca cambiar el régimen de inclusión escolar en Tucumán y sostuvo que no debe tratarse sin el consenso de familias, los docentes y equipos técnicos.
En un contexto marcado por graves deficiencias en la infraestructura escolar y falta de mantenimiento en los establecimientos de la provincia, el Poder Ejecutivo busca avanzar con una reforma del régimen de inclusión en Tucumán. Esta iniciativa surge en un momento de fragilidad del sistema educativo, donde las condiciones básicas de aprendizaje aún no han sido resueltas, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de un cambio de esta magnitud sin el soporte institucional adecuado.
“El Gobierno quiere avanzar sobre un tema muy sensible en un momento en el que muchas escuelas todavía tienen problemas graves de infraestructura, falta de mantenimiento y condiciones básicas que no están resueltas. Por eso preocupa que se impulse una reforma de esta importancia sin el diálogo, la planificación y los acuerdos que una política de inclusión escolar necesita”, afirmó Cano. Al respecto, señaló que el proyecto presenta contradicciones: “A primera vista puede parecer una iniciativa positiva, pero cuando uno la analiza en profundidad aparecen dudas y riesgos concretos de pérdida de derechos. Por eso este proyecto no puede tratarse apurado ni imponerse sin escuchar a quienes conocen esta realidad de cerca”.
Cano cuestionó además que la iniciativa no haya sido construida con la participación real de los sectores involucrados. “No se trabajó con los padres, no se discutió seriamente con los docentes ni con los equipos técnicos especializados. Y en un tema tan delicado como la inclusión escolar, es imposible pensar que una ley va a funcionar si se hace a espaldas de la comunidad educativa”, advirtió. En la misma línea, remarcó: “No se entiende cómo se pretende modificar o desarmar equipos como los Gabinetes Itinerantes, que hoy, con mucho esfuerzo, vienen sosteniendo trayectorias educativas, mientras paralelamente hay docentes integradores que trabajan en condiciones precarias y que podrían ingresar en el sistema. Antes de avanzar con un cambio estructural, el Estado debería ordenar, regularizar y fortalecer lo que ya está funcionando”.
Finalmente, el legislador marcó la falta de claridad sobre el financiamiento de las prestaciones que actualmente cubren las obras sociales. “Si hoy hay familias que cuentan con cobertura, no se puede avanzar con una reforma sin explicar con seriedad qué va a pasar con los apoyos actuales, cómo se va a financiar y de qué manera se evitará que los chicos queden en el medio de una transición mal resuelta”, señaló. Cano concluyó que cualquier modificación debe ampliar derechos, subrayando que “si el proyecto avanza tal como está redactado, significará un fuerte retroceso para los alumnos que están en integración escolar y, lejos de favorecer la inclusión, puede terminar en su exclusión”. Para ello, exigió convocar a colegios profesionales de psicólogos, maestros integradores, pedagogos y fonoaudiólogos, asociaciones de padres, y gremios como ATEP y SADOP.