La comisión de Juicio Político de la Cámara baja recibió hoy al vocero de la Presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, quien advirtió que ha sido «acusado falsamente» por diputados del oficialismo de haber influido en nombre del máximo tribunal a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa de coparticipación federal.
«Desde la creación de esta comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de algunos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de calumnias o fantasías», sostuvo al comienzo de su intervención en el cuerpo que preside Carolina Gaillard, en el marco del juicio político que investiga a los cuatro magistrados del máximo tribunal por presunto mal desempeño en sus funciones.
Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue convocado a raíz de las filtraciones de conversaciones de chat (que incluyen audios de voz) que mantuvo tiempo atrás con el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, de las cuales surgieron indicios de una presunta connivencia entre el máximo tribunal de Justicia y el Gobierno de la Ciudad.
La línea de investigación principal sobre la que trabaja el oficialismo es que esa conexión D’Alessandro-Robles (éste último, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti) fue la punta de lanza para negociar el fallo que finalmente favoreció al distrito porteño en este pleito.
D’Alessandro también fue convocado a la comisión pero no concurrió a la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados donde se desarrolla la tercera audiencia por el tema «coparticipación».
Hacia el final de la reunión, el oficialismo impuso su mayoría para votar y aprobar un careo entre Robles y el ex administrador general de la Corte Daniel Héctor Marchi, quien en su debido momento -al participar como testigo de la comisión- declaró haber sido removido de ese cargo por haberse «negado a encubrir» al hombre de confianza de Rosatti.
Previo a recibir las preguntas de los legisladores, Robles reafirmó su lealtad hacia Rosatti, de quien dijo que «admiro su honestidad, su carácter, su integridad de principios, más cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales».
Luego leyó un texto de su autoría en el que denunció que es «acusado falsamente» por diputados del oficialismo por obrar presuntamente de forma arbitraria a favor de los intereses de la Ciudad en detrimento de la Nación y de las jurisdicciones provinciales.
Y agregó que luego de esos episodios su familia recibió diversos «ataques» y adelantó que se abstendría de responder aquellas preguntas que puedan «vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho» en su contra, «hayan sido o no judicializadas».
«Me amparo, presidenta, en lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de ejercer mi defensa en sede judicial», añadió dirigiéndose a Gaillard.
A su vez, Robles lamentó que hayan «dado como ciertos chats cuya existencia, legalidad o veracidad» dijo que «desconoce» y opinó que «deben ser discutidos judicialmente».
El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, le respondió al subalterno de Rosatti que ninguno de los diputados presentes lo tiene como acusado en el actual proceso de juicio político, y le aclaró que fue convocado como testigo, recordándole que está obligado a «decir la verdad».
El santafesino subrayó el «poquísimo deseo del testigo de cumplir con lo que establece el reglamento de la comisión de Juicio Político, y le recordó a Robles que no se trata de una cuestión de «buena voluntad» sino que es su «obligación» aportar para decir verdad.
«Quería dejar algo en claro. El sueldo a Robles no se lo paga Rosatti, se lo paga el pueblo argentino», se quejó al hacer alusión a la reticencia del testigo, quien acto seguido señaló que se sentía «hostigado» por Martínez.
Minutos más tarde, a raíz de las reiteradas evasivas de Robles a responder las preguntas de los diputados oficialistas, excusándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el diputado nacional del Frente de Todos Ramiro Gutiérrez pidió que «quede constancia en actas de la reticencia del testigo a sus efectos», advirtiendo sobre las consecuencias judiciales que tiene ser renuente a declarar en un juicio político.
A su turno, la oficialista Vanesa Siley también recriminó a Robles por su reticencia y afirmó subiendo el tono de voz que «no puede haber un testigo, tenga el cargo que tenga, que pueda tener un privilegio».
«Puede estar infringiendo el código penal», advirtió la diputada kirchnerista de extracción sindical.
Al respecto, el diputado del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo denunció que «hay una ilicitud del señor testigo que incurre en falso testimonio al callar la verdad».
«Le hace un flaco favor al doctor Rosatti y al buen funcionamiento del máximo tribunal», opinó el pampeano.
Para Moreau, por su parte, «el testigo vino con la decisión de no prestar testimonio» y «con la función de obstaculizar el trabajo de esta comisión».
«No había ninguna razón legal para que el testigo no respondiera. Se fue de esta reunión sin poder explicar qué hace en la Corte Suprema de la Nación. No sabemos si es el secretario del presidente, el vocero del presidente o el vocero de otros intereses. Pero lo concreto es que no pudimos saber qué es lo que hace el testigo en la Corte Suprema de la Nación», lamentó el radical kirchnerista cuando Robles ya se había retirado de la sala.
Cronología del conflicto de coparticipación
El conflicto en cuestión se originó por un decreto del ex presidente Mauricio Macri en enero de 2016 que había elevado la cuota de coparticipación para la Ciudad del 2.35% al 3.75% con la excusa de que debía financiarse el traspaso de la Policía al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.
Al poco tiempo de asumir la presidencia, Alberto Fernández quitó ese 1,40% adicional de coparticipación para auxiliar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense, estableciendo por decreto un 2.32% para la Ciudad.
A raíz de este recorte, la Ciudad judicializó el conflicto, y luego de tres audiencias de mediación en las que la gestión porteña rechazó las ofertas de Nación, la Corte dictó a fines del año pasado una cautelar que elevó a 2.95% la coparticipación para la Ciudad, dejando pendiente la cuestión de fondo.
El primer testigo que había tomado la palabra en la reunión de comisión fue el funcionario de AFIP Alejandro Otero, quien señaló que no conoce «cuál ha sido el fundamento» por el que la Corte determinó el coeficiente del 2,95%.
«No se conoce cual es el calculo. El fallo corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron. No encuentro cuál ha sido el fundamento para ese coeficiente», insistió.
En tanto, señaló: «Creo que un traspaso de la seguridad tiene que ir de la mano de la transferencia de recursos pero no creo que tenga que ir por coeficiente sino por transferencia presupuestaria».
«Y pienso que tiene que ser así hasta tanto se apruebe una nueva ley de coparticipación federal, que es mi deseo», agregó.