La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza en la implementación de la ordenanza que regula a las plataformas digitales de transporte y se encamina a concretar en el corto plazo el inicio del cobro de tributos a empresas como Uber, Didi y Cabify, al tiempo que profundiza los controles sobre el sistema de colectivos urbanos.
Desde la Secretaría de Movilidad Urbana, a cargo de Benjamín Nieva, confirmaron que el proceso de regularización de las aplicaciones se desarrolla sin inconvenientes y con diálogo fluido con las compañías. Según precisó el funcionario, las principales plataformas ya completaron su inscripción y algunas iniciaron gestiones ante el área de Ingresos Municipales para comenzar a tributar en el ámbito local.
La cuestión impositiva está bajo la órbita de la repartición que conduce Fernanda Herrera, y contempla una alícuota del 1,25% correspondiente al Tributo Económico Municipal (TEM). En paralelo, la Secretaría de Movilidad concentra su tarea en la registro de conductores, tanto de taxis como de las aplicaciones.
En ese sentido, Nieva indicó que el municipio estima regularizar alrededor de 3.500 taxis en circulación, con plazo límite hasta agosto para completar la inscripción. Las plataformas digitales, por su parte, avanzan en la presentación de información vinculada a la cantidad de vehículos y choferes activos.
La normativa vigente establece que tanto los servicios tradicionales como los digitales deben inscribirse en registros específicos habilitados en el portal oficial del municipio, mediante usuario y contraseña generados en la plataforma Ciudadano Digital.
Los titulares de licencias de taxis y agencias cuentan con un plazo de 180 días desde febrero para adecuarse, mientras que las apps disponen de 90 días —hasta mayo— para registrarse, y sus conductores tienen 120 días —hasta junio— para completar la documentación exigida.
En simultáneo, la gestión municipal encabezada por Rossana Chahla puso en marcha un operativo de revisión técnica sobre las 14 líneas urbanas de colectivos. El subdirector de Transporte, José María Molina, explicó que los controles son estrictos y que cualquier unidad con deficiencias, como asientos o vidrios dañados, es rechazada hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.
Las inspecciones se desarrollan en la sede de avenida Sáenz Peña 56, donde las empresas deben presentar la totalidad de la documentación del parque automotor, incluyendo Verificación Técnica Vehicular, seguros vigentes, informes de dominio y certificados de condiciones sanitarias. Esta primera etapa concluiría a comienzos de mayo, con nuevas revisiones previstas entre agosto y septiembre.
Además, desde el Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (Cemmu) se supervisa el cumplimiento de las frecuencias del servicio. En caso de detectarse irregularidades, las empresas son notificadas, pueden realizar su descargo y eventualmente enfrentan sanciones económicas.
En cuanto a la política de transporte, Nieva destacó la continuidad del Boleto Educativo Municipal, que se implementa mediante la tarjeta SUBE. El beneficio, que cubre dos viajes diarios gratuitos para estudiantes, alcanzó el año pasado a unos 40.000 usuarios, cifra que el municipio aspira a sostener en el ciclo actual.
De este modo, la Capital avanza en un esquema integral que combina regulación, control y modernización del sistema de transporte, en un contexto de transformación del sector impulsado por la irrupción de nuevas modalidades de movilidad urbana.