La investigación contra José Matías Rollate, el joven acusado de protagonizar presuntas maniobras de estafa y operar con dólares falsificados en Tucumán, sumó nuevos elementos que ahora también ponen bajo análisis supuestos contactos políticos que el sospechoso habría utilizado para ganar credibilidad ante inversores y potenciales víctimas.
“No le voy a entregar la clave del celular porque ahí surgirán los detalles de las conversaciones que mantuve con Martín Menem, Raúl Jalil y Martín Llaryora”, les habría dicho Rollate a los efectivos policiales durante el procedimiento realizado en su domicilio, en referencia al presidente de la Cámara de Diputados y a los gobernadores de Catamarca y Córdoba.
Los investigadores sospechan que esas menciones podrían haber formado parte del mecanismo que utilizaba para captar personas interesadas en invertir dinero, aunque no descartan avanzar sobre esa línea para determinar si existió algún tipo de vínculo real.
El caso salió a la luz luego de la denuncia presentada por Nadia Antonella Pérez Vaca, pareja del acusado, quien aseguró haber sido víctima de distintas maniobras financieras y episodios de hostigamiento.
Según declaró, le entregó U$S 5.000 para realizar una supuesta inversión y luego descubrió que Rollate habría utilizado sin autorización los datos bancarios de su padre para obtener $ 12,5 millones. La mujer sostuvo además que comenzó a recibir amenazas cuando intentó reclamarle el dinero.
Como prueba, presentó ante la Justicia un sobre que contenía un fajo de U$S 100.000 apócrifos que, según afirmó, le había entregado el propio acusado. La situación sin embargo no se agravó porque el abogado defensor Patricio Char argumentó que los billetes eran «de cotillón», destinados a ser usados «en fiestas».
Con esos elementos, el fiscal Diego López Ávila solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por una jueza. El procedimiento se realizó en una vivienda donde, según los investigadores, funcionaba una especie de oficina financiera informal.
Durante el operativo apareció Jacinto Rollate, padre del sospechoso. De acuerdo con las actuaciones judiciales, el hombre llevaba en uno de sus bolsillos un fajo de U$S 10.000 y en el otro más de $ 1,5 millones en efectivo.
Este martes ambos fueron formalmente acusados, aunque continuarán el proceso en libertad mientras avanza la investigación.
Tras la difusión pública del caso comenzaron a surgir antecedentes que revelan que José Rollate ya era investigado desde hace al menos tres años por delitos económicos, aunque hasta ahora no se habían adoptado medidas judiciales en su contra.
Incluso, otra persona se presentó recientemente para denunciarlo por maniobras similares.
Uno de los expedientes más relevantes fue impulsado en 2023 por Federico Vega, quien acusó al sospechoso de haberlo amenazado cuando intentó reclamarle dinero adeudado.
En una ampliación de esa denuncia, Vega describió el supuesto funcionamiento de la operatoria financiera atribuida a Rollate.
Según relató, ambos habían sido compañeros en la Universidad de San Pablo-T y retomaron contacto en 2018. En ese momento, el acusado le comentó que trabajaba en la Legislatura y que proyectaba crear una financiera denominada Rollal Group.
De acuerdo con la denuncia, Rollate le ofreció invertir dinero a cambio de una rentabilidad mensual del 14% y aseguró contar con acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social para financiar licitaciones públicas que luego generarían ganancias destinadas a pagar a los inversores.
Convencido por esa explicación, Vega aseguró haber vendido una cochera para entregarle U$S 15.000.
Más adelante, según su relato, realizó nuevas inversiones: U$S 25.000 en 2020 y otros U$S 16.000 junto a 30.000 euros en enero de 2022.
La víctima reconoció que durante un tiempo recibió pagos, aunque con demoras. Sin embargo, afirmó que luego Rollate comenzó a incumplir y terminó desapareciendo.
Tres meses después, siempre según la denuncia, el sospechoso le propuso reinvertir el dinero a cambio de pagos semanales de $ 840.000. Cumplió sólo con las dos primeras entregas y posteriormente dejó de responder.
Vega sostuvo que en agosto de ese año fue convocado nuevamente a la oficina del financista, donde recibió U$S 37.500. Allí, aseguró, Rollate lo amenazó con un arma de fuego y le advirtió que no le devolvería más dinero.
En 2023, el damnificado calculó que la deuda total rondaba los U$S 120.000.
La causa fue presentada ante el Ministerio Público con el patrocinio del abogado José María Molina. Inicialmente intervino la fiscal Mariana Rivadeneira, quien consideró que el caso podría encuadrarse en una estafa piramidal o en una intermediación financiera ilegal y decidió declararse incompetente para remitir el expediente a la Justicia Federal.
Sin embargo, funcionarios de ese fuero rechazaron intervenir al entender que se trataba de una estafa común. Desde marzo de 2024, el expediente permanece en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver qué jurisdicción continuará la investigación.
Mientras tanto, el abogado Molina aseguró que ya fueron contactadas alrededor de diez personas que afirman haber sido víctimas de maniobras similares.
“Hasta el momento se comunicaron conmigo unas diez personas, pero podrían ser muchas más”, señaló el letrado.
Según explicó, el mecanismo denunciado se repetía en todos los casos: Rollate buscaba inversores entre conocidos y familiares, utilizaba supuestos vínculos políticos como respaldo y pagaba intereses elevados durante un período inicial hasta dejar de responder.
“Creemos que estamos frente a una estafa piramidal que se viene desarrollando desde hace al menos ocho años. En ese tiempo el acusado habría tenido un crecimiento patrimonial importante”, sostuvo Molina, quien adelantó que representará a varias presuntas víctimas.
Ahora el fiscal López Ávila evalúa los próximos pasos procesales y espera la presentación de nuevos damnificados para avanzar con la acumulación de expedientes y eventualmente agravar la imputación contra el sospechoso.
Fuente: Contexto