Este jueves el Gobierno de Javier Milei intimó al Sindicato de Camioneros y a otros gremios a pagar los gastos por el operativo durante la movilización a Tribunales del 27 de diciembre y la respuesta de la CGT no tardó en llegar. En sintonía, fuentes gremiales expresaron que están evaluando con los abogados “apelar esto que es ridículo”.
“Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”, dice el comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional de la organización.
La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, e informa cuál fue el costo total del operativo que desplegó el Estado durante la marcha contra el DNU: poco más de $40 millones.
“Dado que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha requerido a diversas organizaciones gremiales y sociales el pago de una suma millonaria para afrontar los supuestos costos en los que el Estado Nacional habría incurrido el día 27 de diciembre con motivo del operativo de seguridad montado en la zona de Tribunales, la Confederación General del Trabajo manifiesta su profunda preocupación, en lo que entendemos es una nueva provocación del Poder Ejecutivo”, sigue el texto.
Durante el plenario nacional de la CGT en el que estuvieron presentes más de 70 delegaciones regionales de todo el país, se ratificó el paro con movilización para el 24 de enero y se expresó un apoyo contundente y unánime a la estrategia y acción del Consejo Directivo Nacional de la CGT.
Respecto de la nota que incita a los gremios a pagar el costo del operativo policial de la protesta, la CGT enfatizó que “esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado”.
“La Confederación General del Trabajo no representa los intereses de “una casta”, sino los intereses de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”, concluye la nota.