La fiscalía general de Venezuela ordenó este lunes el arresto del excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia.
El expostulante de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que lidera María Corina Machado, se ausentó a las tres citaciones oficiales emanadas por la fiscalía en los últimos días. Se lo acusa de “usurpación de funciones” y “forjamiento (invención) de documento público”. Se trata de delitos graves que pueden llevar a la pena máxima de 30 años de cárcel.
González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando apareció por última vez en público. Desde entonces solo se comunica a través de redes sociales.
El exdiplomático, de 75 años, reivindicó su triunfo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Su coalición denunció fraude en los comicios tras presentar sus propias actas que, a su juicio, certificaban una victoria aplastante sobre el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro, sin presentar siquiera un acta oficial. Días después, el Tribunal Superior de Justicia avaló el resultado.
Maduro pidió cárcel para González Urrutia y para Machado, también en la clandestinidad. Los acusa de ser los responsables de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos. El fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado una investigación penal contra ambos por “instigación a la insurrección” militar, tras un llamado a los militares a reconocer la victoria de González Urrutia.
Cuáles son las acusaciones que pesan contra Edmundo González Urrutia
Precisamente, la Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita una “orden de aprensión” contra González Urrutia por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La solicitud se conoció después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el dirigente opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.
Según un oficio del ente fiscal, se le acusa también de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación está relacionada con la publicación de una página web en la que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en los comicios.
La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que fue cuestionado por numerosos países, entre ellos la Argentina.
El jueves pasado, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, sería “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.
El día 25 de agosto -fecha en la que se emitió la primera citación-, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el ministerio público lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.