La fiscalía investiga posibles «maniobras de corrupción pública» que tuvieron lugar en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde diciembre de 2023 a agosto de 2025 y que abarcarían a la Suizo Argentina y otras droguerías vinculadas a la provisión de medicamentos.
El fiscal federal Franco Picardi delimitó en un dictamen la «plataforma fáctica del caso», una vez levantado el secreto de sumario y en coincidencia con la decisión del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, de designar en la causa un defensor oficial.
Según informaron fuentes judiciales, Spagnuolo presentó un escrito pidiendo defensa oficial y resultó designado Hernán Silva.
En su dictamen Picardi explicó que la investigación, por el momento, «se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la ANDIS desde diciembre del 2023 a agosto del 2025».
También a «la determinación de sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables».
En base a la evidencia recolectada en 20 días de secreto de sumario, la fiscalía entiende que estos sucesos «habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad».
Parte de dicho esquema, «estaría dado por el rol que le cupo» a la Suizo Argentina «y otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional».
«Ello, a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as», advirtió el fiscal.
La investigación se abrió por denuncia del abogado Gregorio Dalbón ante audios de Spagnuolo filtrados por la prensa en los que alude a presuntos pagos de porcentajes por parte de droguerías que terminarían en manos de funcionarios nacionales.
En los audios Spagnuolo menciona a «Lule» Menem y Karina Milei.
La defensa de los dueños de la Suizo Argentina, la familia Kovalivker, pidió la nulidad de la investigación en base al origen ilegal de esas grabaciones, un planteo que tiene que resolver el juez del caso, Sebastián Casanello