El juez Marcos Javier Campero rechazó el pedido de sobreseimiento presentado a favor de Santiago Bagne, uno de los rugbiers investigados por el ataque que sufrió Patricio Ledezma el 29 de enero, a la salida del boliche La Cañada, en Tafí del Valle.
El magistrado consideró que todavía no existe certeza suficiente para afirmar que el hecho no ocurrió y remitió el expediente al fiscal regional Diego Hevia, quien deberá definir si mantiene la solicitud de cierre impulsada por el Ministerio Público Fiscal o dispone que la investigación continúe.
Hevia tendrá tres días para pronunciarse. Si sostiene el pedido fiscal de sobreseimiento, la decisión será vinculante para el juez, aunque la querella podrá impugnarla. Si coincide con la postura de Campero, se designará a otro fiscal para proseguir con las actuaciones, según explicó Gonzalo Ascárate, defensor de Bagne.
La causa se inició después de que Ledezma denunciara haber sido rodeado y golpeado por un grupo de alrededor de 15 jóvenes oriundos de Concepción, luego de una pelea que habría comenzado dentro del local bailable. Días más tarde, el joven comunicó lo ocurrido a las autoridades y difundió su relato en las redes sociales, donde el caso alcanzó una amplia repercusión.
La pesquisa quedó inicialmente a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, titular de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física. En febrero fueron detenidos Bagne y Máximo Carreras, a quienes se les formularon cargos como presuntos coautores de tentativa de lesiones graves, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas.
La hipótesis original del Ministerio Público Fiscal sostiene que los involucrados acordaron una agresión coordinada. Tras perseguir a Ledezma, uno de los integrantes del grupo habría provocado que cayera dentro de una zanja. Mientras varios lo golpeaban, Bagne y Carreras habrían formado estratégicamente un “cerco humano de contención” para impedir que escapara o recibiera ayuda.
Seis meses después de la formulación de cargos, Ascárate solicitó el sobreseimiento de su defendido con el argumento de que el episodio no se produjo del modo descrito por la acusación y que Bagne nunca intervino en un ataque organizado. Para sustentar su planteo, dividió los acontecimientos en tres momentos y se apoyó en testimonios, videos, conversaciones y peritajes realizados sobre teléfonos celulares.
De acuerdo con la reconstrucción de la defensa, el conflicto comenzó dentro del boliche, donde Ledezma habría tocado de manera inapropiada a una joven perteneciente al grupo de los acusados. Esa conducta habría originado una pelea con Belisario Iturbe, hermano de la chica. Según Ascárate, Bagne intervino para separarlos y los encargados de seguridad lo expulsaron del establecimiento.
El segundo episodio se habría producido al finalizar la fiesta. Bagne se encontraba con sus amigos en la calle cuando Ledezma habría salido del local y provocado al grupo de manera burlona. Iturbe habría reaccionado con un golpe que derribó al joven. El abogado afirmó que varios testigos aseguraron que nadie continuó atacándolo cuando estaba en el suelo y que su defendido volvió a intervenir para detener la pelea y retirar a uno de sus amigos.
La tercera secuencia se desarrolló cuando Ledezma se alejaba del lugar. La defensa sostuvo que las declaraciones incorporadas al expediente describen una actitud persistente de confrontación por parte del denunciante. También mencionó grabaciones posteriores en las que se lo observaría de pie y amenazando al grupo con la frase: “Los vamos a c**** a tiros”.
“Lejos estamos de una víctima vulnerable, como se quiso presentar en los medios públicos”, sostuvo Ascárate durante la audiencia.
El defensor citó además un video que muestra a Bagne cerca del tumulto. Según su interpretación, el imputado retira a un amigo y luego queda de espaldas a la pelea. También aseguró que el análisis de los celulares no encontró mensajes que demostraran una planificación, un acuerdo anticipado o una distribución de funciones para atacar a Ledezma. Afirmó que las comunicaciones recuperadas fueron posteriores al episodio y estuvieron motivadas por la viralización de las imágenes y las denuncias públicas.
“Bagne, lejos de haber querido impedir la ayuda o evitar la huida, actuó como un ciudadano de ley y trató de pacificar el conflicto para que la trifulca no pasara a mayores”, alegó el abogado. Luego planteó: “¿Qué mensaje les damos a los jóvenes tucumanos? ¿Que si vemos un conflicto debemos mirar hacia otro lado porque, de lo contrario, podemos terminar en Benjamín Paz?”.
El auxiliar fiscal Hugo Campos acompañó el pedido de sobreseimiento siguiendo instrucciones del fiscal Gerardo Salas. Señaló que las evidencias reunidas no permitían corroborar que Bagne hubiera intervenido en el delito y que tampoco se había acreditado un acuerdo previo para agredir de manera premeditada a la víctima.
El querellante José María Molina se opuso y reclamó la nulidad del dictamen fiscal. Consideró contradictorio que la defensa afirmara que el hecho imputado no ocurrió mientras reconstruía detalladamente los distintos momentos del enfrentamiento.
“Toda la descripción que hizo Ascárate no hace más que acreditar la existencia de un hecho”, manifestó Molina. Aseguró que todavía existen elementos suficientes para continuar investigando y recordó que algunos testigos ubican a Bagne en la escena. Según sostuvo, esas declaraciones deberán ser sometidas a un contraexamen si la causa llega a juicio oral.
Después de un cuarto intermedio, Campero descartó el sobreseimiento al entender que las pruebas disponibles no permiten afirmar con certeza que el episodio investigado no se haya cometido. La definición quedó ahora en manos de la Fiscalía Regional.
“Nuestro objetivo es que se conozca la verdad. Santiago demostró que no tiene absolutamente nada que ver; ninguna persona debería llegar a juicio si antes puede comprobarse que no tuvo ningún grado de participación”, concluyó Ascárate.
Fuente: Contexto