El titular del Ministerio de Salud de Argentina, Mario Russo, arma el esqueleto de una política sanitaria nacional que se basa en ir dejando de ser gratuita indiscriminadamente.
Empieza por cobrarles la atención hospitalaria a los extranjeros, como ya se hace en Salta, Santa Cruz y Mendoza, y que los municipios se hagan cargo, a través de vouchers, del costo de consultas e internación de los pacientes no afiliados a obras sociales que acudan a centros privatizados.
Se agrega una decena de normas de hace décadas que se pretenden derogar; desde la ley de Salud Mental a la Ley de Salud sexual, y el carnet de mochilero, que constan en la Ley Hojarasca que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El objetivo mayor de la legislación bajo estudio es presupuestario.
Apunta a incluir a los medicamentos, como se hizo con los alimentos, en el régimen de importación, que por el diferencial de precios aliviaría los números principalmente del PAMI
Están en carpeta reformas para achicar al INCUCAI, ya que no pudo ser eliminado en el paquete de Ley de Bases, y otros institutos médicos nacionales, así como el traspaso de hospitales a las provincias y a los municipios.
Centralizar el control de enfermedades
Otro proyecto estructural que empuja el gabinete del controvertido ex funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, es que sea centralizado el control y prevención de enfermedades, como hace el CDC en Estados Unidos, y desde ahí se regulen mediante guías específicas los procedimientos de atención médica y cobertura.
En la práctica sería poner patas para arriba el Programa Médico Obligatorio (PMO) que cuestionan desde todos los ángulos de la salud privada y hace ruido en el equilibrio financiero de la pública.
La Dirección de Tecnología del organismo nacional no da abasto, porque también le ordenaron que avance en un sistema de información para sistematizar y centralizar los datos de los pacientes.
Una iniciativa que amenaza levantar polvareda sería que se limite la prescripción de medicamentos de alto costo o para cuidados paliativos que se autorizan por la vía judicial y los gastos asociados a servicios por discapacidad, como transporte y educación integradora, que terminan en las cuentas de Salud.
Intereses ocultos
Se aduce un interés oculto de los laboratorios y que la mayoría de esos remedios costosos son paliativos, porque se aplican a pacientes cuyo promedio de sobrevida no supera los tres meses.
En la mira también se encuentran las erogaciones por discapacidad, que ocupan el 80% de los $ 84.900 millones del Fondo de redistribución para obras sociales.
Y lo mismo sucede con el plan Remediar en la distribución de los medicamentos, sobre el que, aunque en el Gobierno no lo ven con malos ojos, consideran que la trazabilidad no es transparente.
Está en carpeta, asimismo, la creación de una Agencia de Evaluación, que hoy solo existe como una comisión netamente consultiva.
Vacunas
Los registros de vacunas constituyen otro territorio a explorar, por cuanto los agentes públicos y privados no cargan toda la data en el omnivac.
Después de la pandemia, los índices de vacunación bajaron, aunque no se pueden cuantificar.
Como fue eliminado un programa de becas, con un gasto de $1400 millones, invocando un supuesto uso discrecional, el riesgo de que se repita un brote de dengue, como el de este año, induce el armado de un plan integral que solo incluya la vacunación focalizada.
El resto de las vacunas estará a cargo de las provincias. Córdoba ya compró 150 mil dosis en forma preventiva.
Luego de repartir al principio equipos adquiridos por el Gobierno saliente, el Ministerio pretende que los servicios públicos provinciales y municipales de salud hagan uso del «recupero», y gestiona cobrarles a las obras sociales y las prepagas por las intervenciones, internaciones y servicios que prestan a pacientes adheridos a esos centros de salud.
Colapso sanitario
La situación económica del país llevó a un incremento significativo en la demanda de servicios de salud pública.
En los últimos meses, la atención en el hospital y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) aumentó un 300%, según informan las autoridades sanitarias en el sudeste bonaerense.
La crisis económica dejó a muchos vecinos sin cobertura de obra social, obligándolos a recurrir al sistema de salud público para recibir la atención médica que necesitan.
Este aumento en la demanda está poniendo a prueba la capacidad y los recursos del sistema de salud local.
Este factor, se suma al reciente aumento de casos de enfermedades respiratorias, que hacen un uso más fuerte de las guardias y la guardia pediátrica.
Además, los recortes del Estado nacional en el envío de medicamentos hacen que el municipio y la Provincia deban redoblar esfuerzos para cumplir con las necesidades de los vecinos.
El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Móccero, explicó los ordenamientos presupuestarios que debe hacer porque no cuenta con los 1.800 millones de pesos que le hacen falta para sostener el funcionamiento del hospital local.
Esto motivó la decisión de disminuir la cantidad de cirugías diarias y el criterio de atención.
La desregulación de los precios de los medicamentos orquestada por Javier Milei y la escalada inflacionaria que elevó el valor de los insumos médicos, afirma, detonaron el sistema de salud local.
El combo se completa con la fuerte caída de la actividad económica que motorizó los recientes despidos en la fábrica Dass de zapatillas.