La Legislatura de Tucumán acumula pedidos de informes tras la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre operaciones bancarias sospechosas en los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros entre 2023 y 2024. La oposición exige explicaciones sobre el destino de $37.000 millones.
El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) solicitó al Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, detalles de los fondos transferidos como aportes no reintegrables. Pidió documentación sobre montos, fechas, rendiciones de cuentas y expedientes administrativos.
Courel calificó la denuncia de la Procelac como «gravísima» y reclamó que el intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, y su padre, el ministro Monteros, se pongan a disposición de la Justicia. Afirmó que los fondos públicos «se desviaban obscenamente a municipios peronistas» y acusó que con ese dinero se financió la campaña de Osvaldo Jaldo en lugar de destinarlo a obras públicas.
Otras legisladoras radicales como Raquel Nievas pidieron citar al ministro Monteros por los $17.000 millones retirados por «cheque por ventanilla» en Banda del Río Salí entre 2023 y 2024. Silvia Elías de Pérez y José Seleme reclamaron explicaciones del actual intendente y propusieron crear una comisión investigadora.
Desde el oficialismo, los ex intendentes de los municipios involucrados aseguraron que cuentan con documentación respaldatoria y que las extracciones fueron para pagos a no bancarizados, eventos y ayudas sociales. Además, atribuyeron las denuncias a motivos políticos en un año electoral.