Cuando parecía que el Gobierno se conformaba con el texto de la Ley Bases que se aprobó en el Senado y sólo buscaba reinstaurar el capítulo de Ganancias y Bienes Personales en el paquete fiscal, la Casa Rosada bajó la orden de insistir con más artículos del proyecto original, entre los que se incluye el listado de empresas “privatizables” que contiene a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).
Es la voluntad del presidente Javier Milei y así se lo transmitirá la tropa oficialista a los bloques dialoguistas de la oposición a los que convocó a una nueva reunión para este martes, con el objetivo de avanzar en el poroteo de votos y definir los pasos a seguir de cara a una sesión que el oficialismo confía en poder concretar antes de fin de mes.
Según pudo saber Clarín fue el propio Milei que, en su regreso al país tras participar del G7, se involucró en la estrategia y bajó línea para que el oficialismo retome buena parte del texto original. «Los diputados pueden insistir con lo que votaron, es el juego democrático», expuso una alta fuente del Gobierno, al justificar el viraje, y rechazar la idea de que se respetarían las modificaciones que se hicieron en el Senado: «Sólo los aspectos que mejoraron la ley», avisan.
Aun cuando todavía no se abrió una negociación formalmente, en el Gobierno decidieron anticiparse para rectificar la postura oficial ante varios temas que consideran importantes. El de las «privatizables» asoma como prioritario: «Queremos que se apruebe la lista entera de empresas a privatizar que salió de Diputados. Lo que se quitó antes de la sesión fue para destrabar el debate, porque el número para aprobarlo no estaba, pero no fue parte de ningún acuerdo», señalan ahora en el Gobierno.
Pero anticipan que la revisión del texto que intentarán hacer «es completa». Por caso, en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Gobierno admiten que verían con buenos ojos que se revirtieran varias de las modificaciones que hicieron los senadores dialoguistas. «Vamos a analizar uno por uno y ver el consenso que tiene con los distintos bloques», explican. «No vamos a atropellar, no fue la dinámica de este debate, pero sí queremos defender lo que los mismos diputados ya votaron», enfatizan.
Los únicos artículos que quedarán afuera de este análisis son los que lograron dos tercios o más en el Senado, como el blanqueo de capitales, que obtuvo unanimidad (72 votos a favor y ninguno en contra) y ya no puede ser rectificado.
Con esa premisa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reunirán este martes a los referentes de la oposición con los que la semana pasada, horas después de que se aprobara la ley en el Senado, habían mantenido un primer acercamiento: Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). Con varios legisladores en sus provincias, está prevista para las 15, vía Zoom.
«Como somos cámara de origen, podemos aceptar las modificaciones que introdujeron o podemos insistir con el proyecto original», dijo Menem este domingo en Radio Rivadavia. Fue el primer aviso que surgió desde el oficialismo de que estaban dispuestos a ratificar el texto de Diputados, luego de que días atrás Francos les transmitiera a la oposición que el Gobierno sólo pediría por Ganancias y Bienes Personales y que con el resto podrían hacer «lo que quieran».
Menem, advertido de que hay un sector de la Unión Cívica Radical que aportó a los 144 votos con los que el oficialismo logró la media sanción, metió presión: «Me costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de ese mismo proyecto, cuando la situación no cambió», interpeló.
En ese sentido, en el entorno presidencial piden evaluar las bajas que sufriría en la UCR y otros bloques si se intenta insistir con el texto original. «Hay margen para jugar con el número», conceden.
La idea del Gobierno es delinear la hoja de ruta esta semana con la intención de que el martes 25 se trate en comisión y, dos días más tarde, llevarlo al recinto, con el argumento de que «no hay mucho para discutir: es uno u otro texto».
En paralelo, para acelerar los tiempos, refuerzan que la convocatoria para la firma del Pacto de Mayo «sigue prevista para el 9 de julio». «El Presidente quiere que estén todos los que apoyaron», advierten.