El conflicto sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795) continúa y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, quien obligó al Gobierno Nacional a ponerla en marcha de forma inmediata, a través de un fallo que rechazó de forma unánime un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, la gestión del presidente Javier Milei resaltó que el Congreso de la Nación sancionó la normativa sin especificar de qué partidas se obtendrían los fondos y ratificó que priorizará el superávit fiscal de manera estricta, debido a que si tuviera que aplicarla tendría que desembolsar entre 1,3 y 3,6 billones de pesos.
El Poder Ejecutivo, además, sostuvo que se viola el artículo Nro. 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual exige que toda normativa que implique «un gasto extra» debe detallar su fuente de financiamiento y de no hacerlo, el Gobierno interpreta que la única alternativa implica ordenar emisión monetaria, lo cual generaría «más inflación»y «desestabilizaría» el plan económico que lleva adelante de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas referentes de la Asociación Gremial de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) manifestaron su rechazo a la postura oficialista y celebró el fallo de la Justicia.
La secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, aseguró que es evidente que el Gobierno «pretende no pagar» y por eso el veto, «que no entró por ninguna de las dos Cámaras», y el intento de «terminar con la Ley» a través de un artículo que, incluyó en el presupuesto, y que «tampoco fue aceptado por el Parlamento».
«Este fallo de la Corte Suprema salió porque el acta no conforma a la masa de docentes y no docentes. Se armó un repudio generalizado en todo el país donde se armaron grupos de convocatorias y se comenzó un repudio muy grande desde las bases de cada federación. Se empezó a generar un debate y un ánimo de que en agosto, cuando comience el segundo cuatrimestre, se vuelva a retomar el plan de lucha. Es muy fácil decir de dónde sale la plata: el Gobierno vive haciendo pre-vendas y concesiones a otros sectores económicos, no a los trabajadores. Por lo tanto, si quiere, yo le digo al Gobierno Nacional de dónde sale la plata, muy simplemente se puede decir, y lo hemos dicho ya con diversas cuestiones, en diversos momentos», indicó Celotto.
También aseguró que esta resolución de la Corte «fue muy bien recibida por toda la masa de trabajadores» y considera que la Justicia se expidió porque «sintió la presión del movimiento»: «Ahora está más claro que nunca que no hay que quedarse con el 21,3%, sino que tenemos que exigir lo que nos corresponde», agregó.
Por su parte, Emiliano Cagnacci, secretario general de la ADUBA y docente del CBC, planteó que la decisión de la Corte Suprema «va en línea de lo que hizo hace dos semanas», con respecto a rechazar la recusación como jueces y que «se debe poner en valor» la Ley de Financiamiento Universitario.
«No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia. La cautelar trata sobre la cuestión del salario docente, no docente y sobre becas estudiantiles. Con respecto al salario docente y no docente dice que es de carácter alimentario, por eso, la Corte deja en pie lo que primera instancia hizo y lo que la Cámara también realizó con respecto a la cautelar. Es un fallo positivo en función del cumplimiento de la ley», manifestó.
Finalmente, el Gobierno Nacional señaló que el fallo de la Corte Suprema «no resuelve la cuestión de fondo» sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento y le habría solicitado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que intensifique las auditorías sobre la utilización de los fondos de todas las facultades autónomas.