La Ley Joaquín dio un paso clave en la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes aprobó este martes 11, por unanimidad, el proyecto que establece medidas obligatorias de seguridad para instalaciones deportivas y recreativas, luego de que la iniciativa ya hubiera obtenido dictamen de la Comisión de Deportes a fines de junio.
La propuesta, presentada por la diputada de Unión por la Patria, Luciana Potenza, apunta a regular la instalación, sujeción y mantenimiento de estructuras como arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza, tanto en establecimientos públicos como privados. El objetivo es evitar accidentes y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.
El respaldo conseguido este martes fue unánime. El presidente de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Pablo Yedlin, destacó el consenso alcanzado y sostuvo que el Congreso logró avanzar con “un tema prioritario para la prevención de accidentes”.
Qué establece la Ley Joaquín
La iniciativa dispone que todas las instituciones públicas o privadas que tengan equipamiento deportivo o recreativo deberán cumplir una serie de requisitos de seguridad. Entre ellos se establece la obligación de contar con una sujeción, anclaje resistente o sistema de contrapeso para los arcos deportivos y elementos de plaza que pesen más de 20 kilos.
Para los aros de básquet con pie, el texto exige sistemas de contrapeso. Si se utilizan estructuras removibles, las instituciones deberán disponer además de un lugar adecuado para guardarlas y, en el caso de los arcos, mantenerlos asegurados de manera horizontal cuando no estén en uso.
La propuesta contempla también la colocación de protectores acolchonados en columnas, paredes y postes para reducir las consecuencias de eventuales impactos. Los equipos recreativos y juegos infantiles de más de 20 kilos deberán contar, de la misma manera, con sistemas firmes de fijación al suelo.
Otro de los puntos centrales son los controles. Las inspecciones deberán estar a cargo de profesionales matriculados con competencia en la materia, quienes tendrán que emitir una habilitación o certificado de aptitud técnica. Las instituciones estarán obligadas a exhibir ese documento de manera permanente y accesible.
El proyecto incorpora además una responsabilidad para las compañías de seguros, que antes de otorgar cobertura deberán verificar que la institución cumpla con las medidas previstas por la norma. También establece que la autoridad de aplicación podrá imponer multas y sanciones en caso de incumplimiento.
El proyecto designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio del Interior y fija un plazo de 30 días desde la publicación de la eventual ley en el Boletín Oficial para su reglamentación. Además, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al régimen.
Los fundamentos remarcan que actualmente no existe una ley nacional que regule específicamente la instalación, fijación y mantenimiento de estas estructuras. El texto recuerda además distintos accidentes fatales registrados en el país desde 2007 y menciona antecedentes regulatorios internacionales para la seguridad de porterías deportivas.
Quién era Joaquín Gatto y por qué la ley lleva su nombre
El proyecto nació a partir de la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía, que a comienzos de 2026 viajó junto a un grupo de Exploradores Argentinos de Don Bosco a un campamento en Junín de los Andes, Neuquén.
El 4 de enero de 2026, mientras jugaba junto a sus compañeros, Joaquín se colgó del travesaño de un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo. La estructura cayó sobre su cuerpo y le provocó graves lesiones internas en el tórax, además de un paro cardiorrespiratorio. Aunque pudo ser reanimado, la falta de oxígeno derivó en muerte cerebral y falleció el 5 de enero.
Tras su muerte, sus padres Serena y Adrián impulsaron una campaña para conseguir una regulación nacional bajo el lema “Que el juego no cueste la vida”. La familia pidió controles estrictos en clubes, escuelas, campamentos, plazas y otros espacios donde chicos y adultos realizan actividades deportivas.
La familia remarcó además que Joaquín fue donante de órganos. Según consta en los fundamentos del proyecto, sus riñones y córneas fueron donados y permitieron beneficiar a cuatro niños. El caso se convirtió desde entonces en el punto de partida de una campaña que rápidamente llegó tanto al Congreso Nacional como a la Legislatura bonaerense.
En la provincia de Buenos Aires, una iniciativa con el mismo objetivo ya recorrió la Legislatura. La Cámara de Diputados bonaerense le había dado media sanción y, el pasado 16 de julio, el Senado provincial aprobó la denominada Ley Joaquín para regular la instalación, mantenimiento y fijación de estructuras deportivas y recreativas en espacios públicos y privados.
Ahora, el objetivo de la familia es que exista una regulación de alcance nacional. Con los dictámenes de Deportes y de Familias, Niñez y Juventudes ya conseguidos, el proyecto de Potenza completó su recorrido por comisiones y quedó en condiciones de ser incluido en una sesión de la Cámara de Diputados, donde deberá conseguir la media sanción para pasar luego al Senado.
Fuente: Perfil